Ministro MARN desconoce resolución de jueza ambiental en caso Tacuscalco
El abogado y ambientalista Luis González dice que el ministro no debería alegar desconocimiento y, en su lugar, tendría que estar ejecutando la resolución que indica que se debe abrir un proceso sancionatorio en contra de la constructora por degradación ambiental. El ministro Fernando López aseguró a GatoEncerrado que está trabajando, sin dar detalles, en los temas que heredó el gobierno anterior.
Por Marvin Díaz
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López Larreynaga, admitió ante GatoEncerrado que desconoce el contenido de la resolución MC: 04-18-4 que emitió la jueza ambiental de Santa Ana, Norma Lemus de Milla, en la que hay un señalamiento en contra del MARN (durante el último gobierno del FMLN) por actuar con “irresponsabilidad y negligencia” en el caso de la construcción de la residencial Acrópolis Sonsonate, sobre un sitio arqueológico conocido como Tacuscalco. En ese documento, la juzgadora le dijo al MARN que debe hacer un seguimiento jurídico al caso y abrir un proceso sancionatorio en contra de Inversiones e Inmobiliaria Fénix S.A. de C.V., por haber construido a pesar de no tener los permisos correspondientes.
“No conozco esa resolución que usted me está mencionando, pero en el caso de que existiera esa resolución que me menciona, creo que la señora jueza actuó de acuerdo a sus facultades. Son temas sumamente delicados que nos han heredado las administraciones del gobierno anterior”, dijo escuetamente el ministro, cuando GatoEncerrado le preguntó si el actual gobierno ha retomado lo que indica la resolución.
El ministro agregó que tiene conocimiento del caso porque fue mediático, pero cuando GatoEncerrado le preguntó si el MARN ha verificado si el proyecto urbanístico cuenta con una planta de tratamiento de aguas negras o si las comunidades de Nahulingo tienen razón cuando denuncian que la residencial contamina el río Ceniza, se limitó a decir que no puede dar detalles y que “todo mundo” conoce el caso y la respuesta.
“Es un proceso legal que por la misma naturaleza no podemos revelar exactamente lo que se está haciendo. Sin embargo, existe un proceso. Realmente nosotros lo que estamos trabajando es en solucionar un montón de problemas que nos heredaron las administraciones anteriores. En ese sentido, se está trabajando en la legislación y en diferentes proyectos para restaurar los cuerpos de aguas”, dijo.
El abogado y ambientalista Luis González, consultado por esta revista en la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), dijo que el ministro López Larreynaga no puede alegar desconocimiento de la resolución judicial, dos meses después de haber asumido el cargo.
“Que el ministro no conozca la resolución no quiere decir que no sea válida o que no sea de obligatorio cumplimiento. La resolución que dicta la jueza deben cumplirla tanto el MARN, como el Ministerio de Cultura, la alcaldía y la empresa, independientemente de que cambien los funcionarios”, dijo González, para señalar que lo planteado en el documento judicial ya debería de estar en ejecución para resarcir daños ambientales y que haya una sanción ejemplar para las empresas que construyen aún cuando se les han negado los permisos.
En la resolución, emitida en marzo de este año, la jueza plantea que el MARN debe iniciar el proceso sancionatorio para determinar si la constructora Fénix incurrió en al menos 12 infracciones a la Ley de Medio Ambiente, relacionadas con degradación ambiental. La funcionaria judicial también le sugirió al ministerio que presente un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR), para que haga una investigación penal en la que determine si la constructora cometió el delito de desobediencia a particulares, contemplado en el artículo 388 del Código Penal.
Gobierno del FMLN permitió construcción ilegal
El MARN, del último gobierno del FMLN, reconoció ante GatoEncerrado haber cometido “un vacío o falta del ministerio de medio ambiente” que permitió la construcción de Acrópolis sin tener los permisos correspondientes. Fénix desobedeció, según la resolución de la jueza, las medidas cautelares del juzgado ambiental, del MARN y del Ministerio de Cultura.
“Es ahí donde pudimos haber tenido un vacío, un lapso, una falta de parte del ministerio de no haber vuelto a subrayar el cese de las actividades constructivas”, dijo a esta revista el exviceministro de medio ambiente, Ángel Ibarra.
El proyecto urbanístico, además de las amenazas ambientales que provocó, también dañó el sitio arqueológico Tacuscalco-Los Cerritos, según el Ministerio de Cultura. Ese sitio fue declarado bien cultural el 14 de mayo de 1999, bajo el Acuerdo Ejecutivo N15-0583. Antes y durante la construcción de la residencial, arqueólogos también advirtieron que debajo de los cañales de esa zona había vestigios culturales.
