Karen Moreno
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A los familiares de los desaparecidos no les queda otra opción que convertirse en detectives a tiempo completo de sus propios casos. Las autoridades no resuelven las desapariciones.
Organizaciones de la sociedad civil respaldaron las propuestas de reformas que entregó la Cicíes a la canciller Alexandra Hill Tinoco, y al secretario jurídico de Casa Presidencial, Conan Castro, ya que habría más control en el manejo del dinero de Fopromid y permitiría a toda persona, incluido extranjeros, ser querella en los procesos penales. Sin embargo, a pesar de que la entrega del documento se hizo del conocimiento público en redes sociales, Cancillería y Casa Presidencial negaron la existencia de las propuestas.
Rodolfo Delgado, quien fue elegido como el nuevo fiscal general sin el debido proceso por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, tiene una denuncia y un proceso abierto por violencia intrafamiliar. Según abogados consultados por GatoEncerrado, los diputados podrían haber cometido los delitos de actos arbitrarios al haber designado como fiscal de la República a un acusado de violencia de género.
La nueva Asamblea Legislativa, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, y sus aliados Gana, PCN y PDC, destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal General de la República en un procedimiento inconstitucional e ilegal, según abogados consultados por GatoEncerrado, quienes consideran que se arremetió contra el Estado de Derecho. En su lugar, los diputados nombraron ilegítimamente a nuevos funcionarios afines al gobierno.
La Cicíes propuso al gobierno de Bukele reformas a la legislación actual salvadoreña para prevenir la corrupción, a través de modificaciones a la ley y reglamento del Fopromid y al Código Penal y Procesal Penal, tal como constató GatoEncerrado en el paquete de reformas al que tuvo acceso. Su contenido deja entrever la postura de la Cicíes en cuanto a la necesidad de reformar el fondo de emergencia, a partir del uso que ha tenido durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
El sindicato de la Asamblea Legislativa ha registrado un aumento en sus afiliaciones, ante la incertidumbre que genera la llegada de la nueva legislatura. El patrón de despidos y nuevas contrataciones es un temor del personal, que tiene su base en la inestabilidad laboral por la ausencia de una ley que garantice los derechos laborales de los empleados públicos.
Además de explicar la actualización de datos, la jefa fiscal también reaccionó a las críticas que hacen organizaciones de sociedad civil sobre casos que son remitidos a la Fiscalía y que parece que no avanzan en la investigación, mientras que otros que son mediáticos sí avanzan.
El presidente Bukele ahora se desdice de lo que prometió en campaña y aseguró que darle facultades a la Cicíes para investigar y combatir la corrupción "sería lo peor".
Gustavo Villatoro es el nuevo ministro de Seguridad de la gestión Bukele. Rogelio Rivas fue removido sin ninguna explicación.
La Sala de Contencioso Administrativo ordenó que la presidencia de El Salvador pague los salarios caídos tras la destitución ilegal que hizo en contra de dos vocales del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.
Una de las críticas que ha recibido la Sección de Probidad es que deja prescribir los casos de posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios, después de los 10 años que la Constitución de la República otorga para iniciar un juicio civil. El magistrado defiende la oficina y asegura que el poco recurso humano tiene como consecuencia la prescripción de los casos que terminan en el archivo para “dormir el sueño de los olvidados”.
A pesar de los miles de casos de mujeres víctimas de violencia en El Salvador, la cantidad de casos que la Fiscalía llevó hasta los tribunales se redujo de manera extrema en los últimos dos años. La institución no tiene una explicación para la súbita caída de casos judicializados. En 2020 ni siquiera el 1% logró entrar al sistema judicial. Alcanzar la justicia en el Estado salvadoreño se ha convertido en un camino tortuoso para las mujeres, al encontrarse con un sinfín de obstáculos.
Al menos dos de las asociaciones que buscan impugnar la convocatoria de Fedaes tienen entre sus filas a abogados que simpatizan con el partido Nuevas Ideas. Fedaes, la entidad encargada de realizar el proceso electoral en el que abogados eligen a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no ha actualizado su junta directiva desde marzo de 2018.