Foto/Emerson Flores

La herencia de la legislatura 2018-2021

El equipo de la sección política de GatoEncerrado revisó 871 decretos aprobados por la legislatura 2018 – 2021, que concluyó su gestión el pasado 30 de abril. Este es el resumen con detalles de lo más relevante que esa legislatura trabajó.

Por Beatriz Benítez

Por Beatriz Benítez

La Asamblea Legislativa del periodo 2018-2021 concluyó su gestión el pasado 30 de abril y fue sustituida el 1 de mayo por la legislatura 2021-2024, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas y los partidos aliados Gana, PCN y PDC. 

La legislatura pasada, es decir la de 2018-2021, se instaló bajo un protocolo negociado por los partidos Arena, PCN y PDC, que juntos alcanzaban mayoría simple, con 43 votos. Dejaron relegados al FMLN y a Gana, quienes habían mantenido una alianza desde mucho antes; exactamente desde que Mauricio Funes llegó a la presidencia de la República.

En los primeros 13 meses de la anterior legislatura, a los diputados les tocó trabajar con el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, y el resto del periodo con el presidente Nayib Bukele, quien llegó a la presidencia de la República bajo la bandera de Gana y sin tener correlación legislativa.

Los Órganos Ejecutivo y Legislativo salientes mantuvieron una relación tensa, principalmente, después del 9 de febrero de 2020 cuando Bukele ingresó con militares al pleno legislativo y se sentó en la silla del presidente del poder legislativo.

El FMLN se separó de su aliado Gana y pasó al bando de los partidos de derecha (divididos) para hacerle contrapeso a Bukele. Juntos aprobaron interpelaciones a funcionarios e intentaron asumir un rol de contraloría al Ejecutivo, pero también le concedieron más deuda al gobierno y aprobaron medidas restrictivas de derechos durante la emergencia por la pandemia COVID-19. También permitieron hacer compras sin pasar por el proceso de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).

Pero, además de las normativas para enfrentar la pandemia, también se dieron otros decretos. 

Hasta el 15 de abril de este año, la Asamblea Legislativa había aprobado 871 decretos, según contabilizó GatoEncerrado. De ese total,  esta revista hizo un resumen sobre la herencia que la anterior legislatura le dejó a la actual. Este ejercicio periodístico es en realidad una base sobre la cual se puede consultar en qué consisten algunas leyes  y reformas aprobadas por la anterior legislatura en temas de medio ambiente, agropecuarios, cultura y educación, seguridad, género, salud, juventud y deportes, obras públicas y transporte, trabajo y familia. Los diputados también aprobaron antejuicios, interpelaciones y comisiones especiales para investigar el uso de dinero aprobado para la emergencia sanitaria por COVID-19.

● Interpelaron a la exministra de Salud, Ana Orellana, para que explicara los motivos para afirmar públicamente que la calidad del agua proveída por la ANDA era apta para el consumo humano. La interpelación, del 15 de febrero de 2020, fue el recurso al que recurrieron los diputados, después de que la ministra no acudió en dos ocasiones a las comisiones de Medio Ambiente y Salud.

● Interpelaron al expresidente de la ANDA,  Frederick Benítez, para que explicara los motivos por los que se dio la crisis de agua potable que suministra la ANDA en los hogares salvadoreños. Benítez también mintió cuando dijo que el agua potable es bebible. La interpelación se desarrolló el 17 y 18 de febrero de 2020.

● Interpelaron al ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, para que explicara la militarizaron en la Asamblea Legislativa el día 9 de febrero de 2020, violentando la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. En la interpelación, el 21 de agosto de 2020, el ministro alegó que los militares llegaron para dar seguridad al presidente Nayib Bukele y descargó la responsabilidad del jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), Manuel Antonio Acevedo López.

● Crearon la Comisión Especial para investigar todos los hechos acaecidos antes, durante y después del golpe de estado fallido contra la Asamblea Legislativa, el 09 de febrero del año 2020.  Los diputados concluyeron que Merino Monroy puso en peligro la democracia y división de poderes y recomendaron al presidente Bukele su destitución.

● Crearon la Comisión Especial para investigar la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado Salvadoreño, así como el uso de dichos recursos y de cualesquiera otros obtenidos de empréstitos, donaciones o reorientados del Presupuesto General, dentro del marco de la pandemia COVID-19. Fue en esta comisión que el expresidente del BCR, Nicolás Martínez, reveló que el gobierno tuvo más de $3,200 millones a su disposición para enfrentar la pandemia por COVID-19, lo cual desvirtuó las declaraciones del presidente Bukele y de funcionarios que aseguraban que El Salvador era el único país del mundo que no tenía financiamiento para enfrentar la pandemia porque los diputados no le aprobaban préstamos.

● Crearon la Comisión Especial que investigó las sistemáticas irregularidades del Ejecutivo en el manejo y atención de la pandemia. A esa comisión llegó la directora del asilo Sara Zaldívar, Claudia Susana Barahona, y la directora del ISRI, Mayra Ligia Gallardo, para dar explicaciones sobre los contagios de Covid-19 y muerte de adultos mayores en el asilo. Las funcionarias aseguraron que contabilizaron 16 muertes al  interior del asilo, pero no descartaron que otros también hubieran fallecido en hospitales.

● Crearon una Comisión Especial para investigar los hechos señalados por el Director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, en contra de dos partidos políticos, quien dijo que son responsables del alza de los homicidios el día viernes 20 de septiembre de 2019, así como sus repercusiones en otras áreas que competen a la seguridad pública del país. Concluyeron que los partidos políticos no tenían relación con el alza de homicidios.

● Crearon la Comisión Especial Para la Investigación de Acoso que Están Sufriendo Periodistas de Diferentes Medios de Comunicación Debido a su Trabajo y Línea Editorial y el Uso de Troles con Recursos Públicos en Contra de Opositores. El informe final determinó que el gobierno de Nayib Bukele ha generado violaciones al derecho fundamental de expresión y la libertad de prensa.

● Crearon la “Comisión Especial para Investigar todo lo relacionado con supuesta denuncia del TLC con Taiwán y sus conexos desde sus orígenes”, una decisión política del gobierno del FMLN, Salvador Sánchez Cerén de reconocer a China. En un informe parcial, la comisión señaló que el gobierno no tiene facultades para derogar leyes, por lo que un tratado para ser denunciado debe de pasar por la autorización de la Asamblea Legislativa.  Le pidieron a la Fiscalía que investigara al ex canciller Carlos Castaneda por usurpación de funciones. 

● Crearon la Comisión de Especial para investigar la vulneración al Derecho Constitucional de los miembros de la Junta Directiva de Sindicatos de Educadores y al Fuero Sindical y las nominaciones de los distintos Directores y Subdirectores de los Centros de Formación y la asignación de plazas en general. En un informe parcial del 25 de marzo del 29, pidieron al Mined suspender la convocatoria de plazas para directores y subdirectores y hacer una nueva que incluyera la totalidad de plazas disponibles. 

● Crearon la Comisión Especial para la Investigación del Problema del lugar conocido como Tacuscalco entre los municipios de Sonsonate y Nahulingo.  La comisión surgió ante las denuncias de que la empresa Inversiones e Inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. ejecutó un proyecto urbanístico “Acrópolis Sonsonate” sin los permisos ambientales y destruyó un sitio arqueológico. En un informe avalado por diputados de Arena, PCN y PDC concluyeron que la empresa tenía los permisos de construcción y que no había usurpación del sitio arqueológico.  El FMLN dijo que la empresa violó la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural.

Arena y el PCN mantuvieron la protección o inmunidad parlamentaria al diputado de Arena y primer vicepresidente del Órgano Legislativo, Norman Quijano.  Con ello, evitaron que fuera procesado judicialmente por supuestamente negociar con pandillas, cuando era candidato presidencial en 2014.

● Aprobaron quitarle el fuero o inmunidad al diputado de Arena, Arturo Magaña, para que la Fiscalía General lo pudiera llevar a los tribunales por el delito de homicidio culposo contra José Francisco Moya Aguilar en un accidente de tránsito.

● La Asamblea consideró que había causas para quitarle el fuero al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas,  por desobedecer la orden de llevar al ministro de hacienda a una comisión especial legislativa. El día de la sesión plenaria de antejuicio, Chicas renunció al cargo de viceministro de Seguridad, por lo que ya no procedía la votación en el pleno para desaforarlo. Enfrentó el proceso pero fue absuelto.

● Como respuesta a la pandemia y a petición del gobierno del presidente Nayib Bukele, los diputados declararon “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19″; el “Régimen de Restricción para la Atención de la Pandemia por COVID-19″; y la Ley de Restricción Temporal de los Derechos Constitucionales Concretos Para Atender La Pandemia COVID-19.

● Una de las primeras acciones de la legislatura fue mandar al archivo todas las iniciativas relacionadas con la minería metálica para cerrar la discusión del tema. 

● Aprobaron una Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje que da atribuciones al Ministerio de Medio Ambiente y a las alcaldías para regular la separación, recolección, transporte, tratamiento y reciclaje de la basura. Los ciudadanos estarán obligados a entregar los residuos de forma separada.

● Ratificaron la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de 231 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

● Aprobaron la Ley de Creación del Distrito de Riego y Avenamiento N° 4 El Porvenir,  en el departamento de Santa Ana, que contempla asistencia técnica y crediticia a más de 70 productores agrícolas.

● Aprobaron la Ley de Agricultura Familiar que obliga a crear programas de agricultura familiar y ordena al Estado a priorizar y proteger la producción nacional de alimentos y su comercialización a través de las compras públicas. Además, se establece la creación de un registro único de agricultores, acceso a tierras, tecnología y otros insumos, así como disposición de créditos y seguros agrícolas.

● Aprobaron la Ley para el Consumo de Leche Fluida Nacional y sus derivados que obliga a las instituciones públicas, municipalidades, sociedad de economía mixta y entidades privadas que manejen recursos públicos comprar leche fluida  a los productores nacionales cuando lo necesiten.

● Aprobaron reformas a los artículos 30 y 36 de la Ley de la Carrera Docente que permite a los maestros, con edad y tiempo de jubilarse, renunciar voluntariamente y recibir una compensación de 15 salarios, tomando como base el último monto que han devengado.

● Aprobaron un Régimen Transitorio para Otorgar Atención Médica y Hospitalaria a Docentes Pensionados, Diagnosticados con Patologías Terminales e Incapacitantes que se encontraban recibiendo atención médica y hospitalaria continuarán en el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial por dos años. Se prorrogó en febrero de 2021.

● Incorporaron el numeral 11-E en el artículo 30 de la Ley de la Carrera Docente para que puedan gozar de protección contra trabajos que requieran esfuerzos físicos incompatibles con su estado o enfermedad, cuando se trate de mujeres embarazadas o que padezcan de enfermedades crónicas incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante, a partir de su diagnóstico y hasta haber agotado el tratamiento respectivo.

● Reformaron la Ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial para que los docentes pensionados continúen recibiendo la atención médica y hospitalaria en el ISBM o decidan asistir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

● Reformaron la Ley General de Educación para establecer dentro del currículo nacional como asignatura la materia de informática y del idioma inglés en los Centros Educativos del país.

● Aprobaron la Ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración que crea un Sistema Nacional de la Cultura (SINACI), el cual será dirigido por el Ministerio de Seguridad e integrado por diferentes instituciones y sociedad civil. La ley contempla que las instituciones educativas privadas que entren al SINACI deben abrir un cupo no menor al 5 % para los jóvenes de comunidades excluidas por su condición social, dar exoneraciones del cobro de la matrícula, costos de laboratorio y de graduación. Además, aplicar un descuento en las cuotas mensuales. El Mined también creará un fondo de becas.

● En este tema, aprobaron una ley del Banco Nacional de Datos de ADN que permitirá  guardar información genética de condenados, imputados, detenidos, evidencias y antecedentes, víctimas, desaparecidos y sus familiares, personas voluntarias, personal involucrado en la toma y procesamiento de ADN y otras bases de datos, para facilitar la investigación de hechos criminales.  Será dirigida por un Consejo Administrador integrado por un delegado de la FGR, División de Policía Técnico-Científica de la PNC y del Instituto de Medicina Legal.

● Aprobaron la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas que castiga con prisión de 8 a 12 años a quienes comentan tráfico ilegal de personas extranjeras o nacionales. Las penas aumentarían en una tercera parte cuando se agreguen otras 11 circunstancias, entre ellas, si se trata de niños, niñas, adolescentes, adultos mayor, mujeres embarazadas,  personas con discapacidad física o enfermedad mental.  La promoción del tráfico ilegal de personas a través de redes sociales se castigaría con pena de cuatro a ocho años. Esta ley fue vetada por el presidente Bukele.

● Aprobaron una ley del Fondo de Actividades Especiales para la comercialización de bienes y prestación de servicios producidos en los Talleres y Granjas del Sistema Penitenciario, el cual es ejecutado por la Dirección General de Centros Penales y tiene como propósito administrar los recursos provenientes de la comercialización de los bienes y servicios producidos en los talleres de formación profesional u ocupacional de los Centros y Granjas Penitenciarias.

● Reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que creó la Unidad de Investigación Financiera (UIF),  una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General, con autonomía funcional y técnica para recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad competente en el marco de la Ley la información para prevenir y detectar el lavado de dinero y de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

● Reforma al artículo 52 de la Ley  Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas sanciona con pena de prisión de uno a tres años los actos preparatorios para cometer cualquiera de los delitos tipificados en esta ley.

● Mediante una reforma a la Ley Penitenciaria dejaron permanente las medidas extraordinarias de seguridad. La reforma incluyó la creación de los Centros de Máxima Seguridad para reos hostiles o de alta peligrosidad, la  restricción de visitas, audiencias virtuales y la eliminación de la señal de telecomunicación. Las medidas extraordinarias fue parte de la política de seguridad que aplicó el gobierno del FMLN y fue señalada de violar los derechos humanos de los privados de libertad.

● Reformaron la Ley Orgánica de la Policía Nacional de la Policía Nacional Civil para mantener y actualizar las bases de datos de la PNC, en las cuales se registre todo tipo de información, inclusive de personas capturadas a nivel por la comisión de un delito o falta. Estos datos se mantendrán bajo reserva.

● Reformaron la Ley de los Servicios Privados de Seguridad para incorporar que las faltas leves y graves serán sancionadas con base a salarios del rubro del sector de comercio y servicio. La ley no contemplaba un rubro específico y algunas empresas privadas se aprovechaban del vacío para evadir las multas. 

● Reformaron el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil  a fin de establecer expresamente que la Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural, para lo cual debería establecerse en su estructura orgánica las Subdirecciones de Policía Urbana y Policía Rural. La Sala de lo Constitucional lo declaró inconstitucional.

● Aprobaron una reforma al artículo 51 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) para aumentar las penas por difusión de pornografia, ya sea imágenes reales o simuladas. La reforma estableció que quien publique, comparta,  envíe, exhiba o distribuya material pornográfico por medio informático electrónico o cualquier medio, en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer -real o simulada-  sin su consentimiento será sancionado con cuatro a ocho años de prisión. La pena anterior era de tres a cinco años.

● Hicieron una reforma al artículo 21 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) que obliga a las universidades públicas y privadas a elaborar reglamentos internos con acciones de detección y prevención de toda la reforma de violencia contra las mujeres.  Dichas institucines deberán de sancionar las prácticas de discriminación y violencia de género, elaborar y aplicar sus repectivos protocolos de actuación para la atención de los casos de discriminación y violencia de género ejercidos contra las mujeres que forman parte de esas instituciones.

● Incorporaron al artículo 10 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) la modalidad de violencia laboral, la cual consiste en acciones u omisiones contra las mujeres ejercidas en los lugares de trabajo públicos o privados; que se constituyan agresiones físicas o psicológicas atentatorias a su integridad, dignidad personal y profesional que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, o que quebranten el derecho a igual salario por igual trabajo.

● Hicieron una reforma a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) para incorporar el artículo 10-A, con lo cual se dejó establecido la creación de Unidades Institucionales de Género. Se estableció que todas las instituciones de la administración pública organizadas con personal idóneo y presupuesto necesario para funcionamiento. 

● Aprobaron una reforma a la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica  para permitir el uso de dispositivos de control de vigilancia electrónica para el monitoreo de agresores en los casos de otorgamiento de las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia contemplados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres,  cuando se determine por criterios de peligrosidad y riesgo de violencia feminicida.

● Aprobaron reformas a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) para incorporar una sección especial de violencia política contra las mujeres. Con el fin  de prevenir y atender en casos de violencia,  la reforma establece responsabilidades al Tribunal Supremo Electoral, al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, concejos municipales,  al Ministerio de Trabajo, al Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo.

● Aprobaron la Ley Especial para la Regulación de las Prácticas Clínicas de los Estudiantes de Interinato, Año Social, Médicos y Odontólogos Residentes en Proceso de Especialización, que regula la duración de las jornadas de prácticas, asignación de plazas remuneradas y no remuneradas, derechos y deberes de los estudiantes, determina responsabilidades de las instituciones de educación superior y de hospitales escuela, las infracciones y sanciones.

● Aprobaron una Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, que está compuesto por instituciones públicas y privadas relacionadas con la salud. Este sistema recolectará y producirá información de las personas, su entorno familiar y comunitario, así como el estado y evolución de las condiciones de la población, para el análisis en salud y toma de decisiones en la planificación, presupuesto e integralidad del sistema.  Además, los prestadores de salud pública deben de crear un expediente único de usuario, el cual estará disponible para el resto de prestadores de salud. Los privados estarán obligados a dar un resumen de información médica solicitada oficialmente.  

● Aprobaron la Ley Especial de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células contempla la creación del Centro Nacional de Trasplante que regula la promoción, donación, extracción, preparación, disposición, distribución y trasplante de células de donantes vivos o fallecidos con muerte encefálica.

● Aprobaron la Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia por la Covid-19 que autoriza al Ministerio de Salud a declarar zonas epidémicas sujetas a control sanitario, las cuales tendrán un área geográfica máxima un kilómetro cuadrado a la redonda y no durarán más de 72 horas. La ley prohíbe la suspensión del derecho a la libertad de circulación  y prohíbe a la Fuerza Armada participar en la entrega directa de las canastas alimentarias. La normativa fue vetada por el presidente Bukele, pero la Sala de lo Constitucional no le dio la razón. La ley entró en vigor el día 23 de enero de 2021 y su plazo de vigencia de 8 meses terminará el día 22 de septiembre de 2021.   

● Aprobaron una nueva Ley del Consejo Superior de Salud Pública y de las Juntas de Vigilancia de las Profesiones de la Salud, que sustituye a la ley del CSSP de 1958.  La ley brinda al Consejo carácter de entidad autónomo separado del Ministerio de Salud, “ya que con el nuevo rol como ‘ente controlador’ dado por la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, deben supervisar, vigilar y controlar  todos los establecimientos públicos y privados”.

● Aprobaron la Ley para la Prevención, Control y Atención de los Pacientes con Cáncer que obliga al Ministerio de Salud a organizar la Red Nacional de Atención del Cáncer y el Banco Nacional de Medicamentos e Insumos Oncológicos para el diagnóstico y tratamiento de las personas con cáncer.  El Ministerio de Salud está obligado a elaborar y actualizar el registro nacional del cáncer que permita conocer la incidencia, la prevalencia, la morbilidad y mortalidad de este padecimiento en el país.

● Aprobaron disposiciones especiales para que el sistema de salud brinde insumos mínimos para el manejo de pacientes ostomizados. Son personas que han sido operadas en el abdomen para que puedan expulsar la orina o  las heces en bolsa adaptada al cuerpo. La ley obliga a que el paciente sea entrenado para su cuido y que mensualmente le entreguen, como mínimo, 15 bolsas drenables y desechables, dos tubos de pasta y 15 limpiadores y protectores.

● Aprobaron la Ley General de los Deportes de El Salvador “Las federaciones y asociaciones deportivas gozarán de autonomía para su organización administrativa, y su funcionamiento técnico, en cuanto a la dirección, orientación y fomento del deporte a su cargo respecto de cualquier institución nacional”.

● Aprobaron la Ley Marco Para el Uso y Fomento de la Bicicleta que declara de interés público el uso y fomento de la bicicleta como medio de transporte privado ecológico y amigable.  Los ciclistas deben tener permitido circular en vías primarias, pero no podrán transitar en grupos de más de dos en fondo, excepto en las vías de uso exclusivo, compartido o preferencial para bicicletas.

● Hicieron reformas a los artículos 27 y 34 de la Ley General de Juventud para establecer que el Consejo Nacional de la Persona Joven estará representado por un joven de cada departamento del país, quienes serán electos por asociaciones, fundaciones y organizaciones juveniles. También se estableció que los consejeros recibirán una dieta que no podrá ser menor a $75 y no mayo a $150. 

● Hicieron una reforma a la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales que habilitó la instalación de anuncios o rótulos dentro del derecho de vía. Fue un requisito del proyecto de Fomilenio II para permitir que la empresa ganadora del APP de la concesión del sistema de iluminación y videovigilancia en 143 kilómetros de carretera de 24 municipios de La Libertad, San Salvador y La Paz explote los derechos de vía con la colocación de publicidad.

● Otorgaron una Ley de Concesión para la Explotación de Espacio de Dominio Público Marítimo Terrestre a favor de la empresa Energía del Pacífico LTDA. de C.V. para el desarrollo del proyecto de “generación de 355 MW de nueva potencia y su energía asociada a la base de gas natural” para un plazo de 50 años. Se desarrollará en la zona de afluencia del Puerto de Acajutla, en Sonsonate. 

● Aprobaron la Ley Especial para el Establecimiento de las Tarifas que la Autoridad de Aviación Civil Cobrará por la Prestación de sus Servicios.  La normativa actualiza las tarifas en cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del 11 de julio de 2018, que declaró inconstitucional varios artículos de la Ley Orgánica de Aviación Civil sobre el pliego de cargos por los servicios prestados por la Autoridad de Aviación Civil.

● Aprobaron la Ley de Fomento e Incentivos para la Importación y Uso de Medios de Transporte Electrónicos e Híbridos que brinda exenciones impuestos a importación de vehículos automotores eléctricos nuevos y los vehículos automotores híbridos nuevos, sean enchufables o no enchufables. Para los vehículos usados, la exención será del 25 %. Estos beneficios tendrán una validez de diez años. 

● Aprobaron otra Ley Transitoria para la Entrega de la Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros que impone el cobro de $0.10 por cada galón de combustible comprado para destinarlo al pago del subsidio a empresarios del transporte público. Se les entrega $400 por autobús y $200 por microbús cada mes. Este decreto también estableció que, además del subsidio, les entregarán $2,800 a cada bus y $1,400 a cada microbús como incentivo por los meses que se mantuvo suspendido durante la pandemia.

● Aprobaron una disposición transitoria para permitir la circulación de las unidades del transporte colectivo  que cumplieron 20 años de fabricación en 2020 y 2021, por un año. También, faculta al Viceministerio de Transporte para suscribir contratos de concesión de 10 años, sin pasar por el proceso de ley LACAP.

● Extendieron  la entrada en vigencia de la Ley especial para la regulación e instalación de salas cunas para hijos e hijas de trabajadores hasta el 1 de enero de 2022. La Ley fue aprobada en 2018 y debía entrar en vigencia 24 meses después.

● Aprobaron una reforma al artículo 113 del Código de Trabajo para garantizar estabilidad laboral a las mujeres embarazadas y ampliarlo hasta seis meses después de regresar de licencia de maternidad.

● Aprobaron reformas al artículo 29 y 123 del Código de Trabajo para garantizar la igualdad salarial entre hombres, mujeres y personas con discapacidad que en una misma empresa, desarrollen actividades idénticas. Según la reforma, los trabajadores y las trabajadoras que en una misma empresa o establecimiento y que en idénticas circunstancias desarrollen una labor igual, devengarán igual remuneración cualquiera que sea su sexo, edad, raza, color, o condición de discapacidad, nacionalidad, opinión política o creencia religiosa. Asimismo podrán participar en procesos internos dentro de la empresa o establecimiento para poder optar a una mejora laboral y salarial.

● Aprobaron reformas a la Ley del Seguro Social para permitir que los hijos de los asegurados reciban atención hasta los 18 años de edad. La reforma fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2021.

● Aprobaron una reforma al artículo 29 de la Ley de Servicio Civil para dar estabilidad laboral a mujeres en estado de embarazo y estabilidad laboral a personas con enfermedades crónicas.

● Aprobaron reforma el artículo 29 del Código de Trabajo que regula el pago de las gratificaciones o propinas a los trabajadores del sector comercio y servicios, la cual deberá ser entregada al empleado en un plazo no mayor a 15 días después de recibida.

● Aprobaron la Ley para el Fomento y Regulación del Teletrabajo que regula el trabajo desde casa y establece que gozan de los mismos derechos que los trabajadores presenciales. En el artículo 14 señala que el empleador proporcionará el equipo de trabajo, pero en caso de que el empleado voluntariamente ofrezca su equipo quedará establecido en el contrato y será compensado por la depreciación. 

● Aprobaron la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad que obliga a instituciones públicas y privadas a contratar a una persona con discapacidad por cada veinte trabajadores que tenga a su servicio. Reconoce el derecho a la salud, educación inclusiva, derechos económicos, sociales, culturales y políticos.

● Aprobaron la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor, la cual establece que el Estado garantizará a las personas adultas mayores las políticas, los planes, los programas, normativas y las acciones, que les permitan el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en particular el acceso a condiciones óptimas de salud, alimentación, vivienda, participación, educación, cultura, seguridad social y el ejercicio pleno de su capacidad jurídica; asegurando para tal efecto los ajustes razonables necesarios y su protección en caso de vulneración de sus derechos.

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