régimen de excepción
Indicación: Usted puede tocar uno de los botones y avanzar directamente a nuestra cobertura del régimen o revisar la cronología que preparamos de estos cuatro años.
El Salvador ha cumplido cuatro años bajo régimen de excepción. En este tiempo, la “excepción” se volvió la nueva cotidianidad. Bajo esta realidad, los salvadoreños tienen algunas garantías constitucionales suspendidas. Por ahora, pueden ser detenidos sin que las autoridades informen los motivos de la captura, una vez capturados tampoco tienen derecho a la asistencia inmediata de un abogado y pueden permanecer detenidos sin ser presentados ante un juez por un tiempo que, en la práctica, es casi indefinido. Además, las autoridades tienen la facultad para realizar intervenciones telefónicas y de correspondencia sin una orden judicial previa.
El Gobierno de Nayib Bukele ha sostenido que el régimen de excepción ha sido vital para su guerra contra las pandillas y por eso lo ha prorrogado durante cuatro años. Sin embargo, los hechos documentados por el periodismo y las organizaciones de sociedad civil revelan que en medio de esa supuesta guerra hay miles de personas inocentes que han sido capturadas arbitrariamente , torturadas, mantenidas en prisiones sin pasar por un juicio, incomunicadas con sus familias y, en el peor de los casos, han sido asesinadas bajo tutela del Estado o han fallecido por negligencias al no ser atendidas oportunamente por médicos.
El régimen de excepción, además, pasó de ser una herramienta legal contra pandilleros para convertirse en un instrumento de persecución dirigido contra quienes no se alinean a los intereses del gobierno. Muestra de esto es que ambientalistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos han sido capturados arbitrariamente y procesados bajo este régimen, enfrentando acusaciones que, en realidad, fueron motivadas por la labor que desempeñan.
Todo esto ha motivado que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos realicen investigaciones y emitan declaraciones, señalando la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de la población civil en el país. Por consiguiente, consideran que hay bases razonables para catalogar estas acciones como crímenes de lesa humanidad.
Este tiempo también equivale a decir que más del 58 % del mandato de Bukele ha sido bajo régimen de excepción, prorrogado mes a mes por la Asamblea Legislativa controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas. La desarticulación de las pandillas, según la narrativa del bukelismo, ha logrado que El Salvador se posicione como “el país más seguro del hemisferio occidental”.
Durante estos cuatro años, GatoEncerrado ha documentado decenas de testimonios que evidencian cómo el régimen se desvirtuó rápidamente de su finalidad original. Capturas arbitrarias —muchas de ellas para cumplir cuotas impuestas a los policías—, desapariciones forzadas, torturas, muertes al interior de centros penales, falta de información y comunicación, así como persecución y criminalización de defensores de derechos humanos y voces disidentes, son algunos hechos a los que este medio ha dado cobertura permanente.
Los impactos del régimen se han concentrado principalmente en los sectores más vulnerables y empobrecidos del país. Estas personas, ante la cooptación de las instituciones públicas como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y pese al temor, decidieron en su momento compartir sus casos con esta revista. Esto forma parte del trabajo que GatoEncerrado ha realizado sobre el régimen de excepción desde su entrada en vigencia.
El caso de Génesis, una bebé de nueve meses, es tan solo la muestra de cómo “el margen de error” y los “daños colaterales” afectan la calidad de vida de los hijos de las madres detenidas injustamente y de cómo el régimen es un obstáculo más en el acceso a la salud de la niñez.
Esta es la reconstrucción de la noche cuando fueron capturados ocho adolescentes en el Bajo Lempa de forma arbitraria y la mentira que dijeron los militares sobre la detención
El régimen de excepción va dejando víctimas colaterales a su paso. Tras las redadas quedan niños y niñas separados de sus padres que enfrentan soledad, baja autoestima, ansiedad, cambios de conducta y otros problemas de salud.
Debido al acoso y hostigamiento policial, la población LGBTIQ+ prefiere guardar silencio, lo que ha limitado las denuncias de violencia.
Desde que el régimen de excepción entró en vigencia en El Salvador, algunas mujeres trans han sido capturadas de forma arbitraria y luego encerradas en las hacinadas cárceles donde las torturan y someten a humillaciones por el simple hecho de identificarse como mujeres trans. Algunas han sido víctimas de las pandillas y ahora también son víctimas de las autoridades que las discriminan.
En el régimen de excepción no hay concesiones para nadie. Ni siquiera para una madre que necesita enterrar a su bebé.
A un año del Régimen de Excepción en El Salvador, los casos de torturas y capturas arbitrarias sobrepasan los 3,000 casos. Esta historieta está basada en uno de esos casos reales.
En este año, el país ha sido el escenario de capturas arbitrarias, donde policías y militares mienten en las actas de capturas y donde los jueces sin rostro son tozudos para mantener en prisión a los jóvenes que pueden demostrar que son inocentes o que tienen arraigos para enfrentar en libertad un proceso judicial en el que no existen pruebas en su contra
Elías no tenía nada de lo que El Diablo buscaba durante aquel crepúsculo de 2022: algo que lo vinculara a pandillas. Pero ese agente policial era portador de la más poderosa arma que pueda tener en estos días un uniformado en El Salvador: el régimen de excepción. La conducta de El Diablo retrata el extremo al que pueden llegar el abuso, la violencia y la ilegalidad cometidas contra personas inocentes por parte de quienes con placa de policías olvidaron su deber de prevenir y combatir el delito y hoy creen tener licencia para cometerlo
La familia de Leví pasó un año y medio en la incertidumbre de no saber absolutamente nada. Esta historia es tan solo la muestra de lo que miles de familias viven, después de que sus parientes inocentes fueron capturados arbitrariamente en el régimen de excepción.
En el régimen de excepción hay casos de personas que han recibido “cartas de liberación”, emitidas por un juez, pero aún así continúan en prisión. En algunos casos, las autoridades penitenciarias los han liberado, pero en el mismo instante son recapturados por la Policía y son sometidos a un doble juzgamiento. Mientras tanto, sus familiares afuera de prisión son afectados económicamente y mentalmente.
A pesar de los numerosos casos de torturas y arbitrariedades, el comisionado presidencial para Derechos Humanos intentó justificar el régimen de excepción ante la comunidad internacional
Organizaciones ambientalistas y activistas han tenido que desplazarse forzosamente para esquivar capturas como la del abogado Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez. No huyen, sobreviven a un régimen autoritario que los criminaliza y los asfixia y controla con la Ley de Agentes Extranjeros.
Josselyn fue la persona más visible de las marchas en las que se exigió la libertad para los inocentes capturados arbitrariamente en el régimen de excepción. Eso también la hizo el blanco de difamaciones y amenazas de muerte desde cuentas en redes sociales presuntamente administradas por policías. Tuvo que huir de El Salvador para resguardar su vida y libertad.
El informe del Grupo de juristas internacionales, que han investigado exhaustivamente la situación de El Salvador bajo el régimen de excepción, señala que la política de seguridad pública ha desembocado en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Al menos 245 personas defensoras de derechos humanos, periodistas, ambientalistas, sindicalistas y opositores han sufrido persecución política bajo el Gobierno de Bukele.
El informe señala que el 94 % de las personas fallecidas no tenían vínculos con pandillas, pero que aún así fueron capturadas sin pruebas y padecieron torturas o fueron ignoradas cuando necesitaron atención médica.
¿Qué ocurre cuando las instituciones públicas abandonan su trabajo para enfocarse en los intereses del gobierno? ¿Quién defiende a las víctimas de los agentes estatales? ¿A quién acuden los que buscan justicia? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dejó de ser una opción.
Esta es la historia de cómo las comunidades del Bajo Lempa se organizaron para exigir justicia por las capturas arbitrarias en medio del régimen de excepción.
Esta es una línea de tiempo que resume el horror durante el régimen de excepción en El Salvador (marzo 2022 - marzo 2026). Los casos mencionados acá son apenas una selección de un universo más amplio de graves violaciones a derechos humanos documentadas por el periodismo y organizaciones de sociedad civil. Usted puede navegar hacia abajo para todos los casos o utilizar los filtros para ir por año y por tipo de violaciones.
