Ezequiel Barrera
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El informe del Grupo de juristas internacionales, que han investigado exhaustivamente la situación de El Salvador bajo el régimen de excepción, señala que la política de seguridad pública ha desembocado en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía de El Salvador insiste en un tercer juicio contra los ambientalistas de Santa Marta pese a dos absoluciones previas. Comunidad denuncia persecución política y criminalización de defensores ambientales en el contexto de la reactivación de la minería metálica.
Los ataques de Trump a la prensa convalidan a los líderes autoritarios de Centroamérica. La víctima real, más allá de los periodistas, es la ciudadanía que pierde su derecho a estar informada de cómo los gobiernos se gastan el dinero público.
El informe señala que el 94 % de las personas fallecidas no tenían vínculos con pandillas, pero que aún así fueron capturadas sin pruebas y padecieron torturas o fueron ignoradas cuando necesitaron atención médica.
La encuesta de la UCA revela que los ciudadanos señalan que están más pobres y más endeudados para sobrevivir en un medio ambiente cada más deteriorado por la permisividad ambiental del gobierno a los proyectos urbanísticos y turísticos.
El caso de Marsella 2 es la muestra de lo que está ocurriendo en El Salvador gracias a la política de "agilización de permisos ambientales" que ha impulsado Nayib Bukele bajo el argumento de que no se puede detener el desarrollo económico.
El Gobierno de Bukele se jacta de implementar la inteligencia artificial en el sistema de salud público, con la app DoctorSV, pero el gremio denuncia que esto solo es un parche tecnológico para disimular la crisis de desabestecimiento de medicinas y fuga de especialistas.
Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, defensoras de derechos humanos se concentraron en el Centro Histórico de San Salvador y marcharon en silencio por el bulevar de Los Héroes para denunciar que bajo el Gobierno de Nayib Bukele las mujeres siguen siendo violentadas desde el Estado.
El caso que armó la Policía para la fiesta de toma de posesión del segundo mandato de Nayib Bukele
Uno de los ambientalistas habló brevemente con GatoEncerrado para reiterar que la resolución deja en evidencia que el caso en su contra fue un “show montado” por la Fiscalía que incluyó persecución, acoso, vigilancia y malos tratos en las cárceles.
En este especial periodístico de GatoEncerrado se ofrece una primera aproximación a esta crisis y un poco de contexto. El especial también busca ser una guía esencial para miles de migrantes retornados, informándoles sobre sus derechos y programas de apoyo.
El Estado salvadoreño y, sobre todo, distintas organizaciones de la sociedad civil ejecutan una serie de programas que ofrecen asistencia inmediata y oportunidades de reintegración que pueden servir para que las personas retornadas rehagan sus vidas.
El constitucionalista padece una enfermedad crónica y su salud decayó desde el 7 de junio, cuando fue capturado y mantenido en prisión. Eso, según explicó uno de sus defensores, no fue suficiente para que la jueza del caso le otorgara libertad condicional.