Gabriela Méndez
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La separación de niños y niñas de padres o cuidadores impacta en la salud mental, según explicaron especialistas a GatoEncerrado.
La Asamblea reformó los artículos 158 y 162 del Código Penal para aumentar en dos años la pena de cárcel por el delito de violación.
La Fiscalía acusa a la mayoría de capturados por el delito de agrupaciones ilícitas y solicita detención provisional.
Feministas fueron amenazadas tras denunciar en redes sociales un video de TikTok que hace apología de la difusión de imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento.
La diputada Marcela Pineda dijo que la LEIV “no sirve” y que se usó “para sacar dinero a la cooperación internacional”.
Las mujeres llegan al fútbol americano por diferentes razones, pero todas coinciden en un mismo punto: en este deporte encuentran un respiro, inclusión, amistad y, sobre todo, un espacio seguro.
La Sala de lo Constitucional le dio un año a la Asamblea para reformar la Ley del Nombre de la Persona Natural.
Según la abogada, Elsy no salió inmediatamente después de obtener la libertad, debido a que el Juzgado de Vigilancia de San Miguel hizo una mala interpretación de la resolución.
La comunidad LGBTI es discriminada por su orientación sexual o identidad de género, según un estudio de organizaciones salvadoreñas.
A pesar de la cantidad de denuncias, los casos judicializados y condenados son bajos.
Tras nueve años de estar en prisión y de apelaciones, juez otorga el beneficio penitenciario de libertad condicional a Kenia, una mujer que en 2014 sufrió una emergencia obstétrica pero que el sistema judicial salvadoreño la condenó a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.
Por segunda ocasión, El Salvador enfrentará un juicio, esta vez, por la violacion a los derechos humanos de Beatriz, quien enfrentó una emergencia obstétrica que ponía en riesgo su salud, pero que no obtuvo una inmediata interrupción del embarazo debido a que la legislación salvadoreña castiga con cárcel este procedimiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado violentó los derechos a la vida, integridad personal, vida privada y salud, tanto física como mental de Beatriz, por lo que el caso pasará a la Corte IDH.
Las diputadas no reconocieron públicamente su error y acusaron a la prensa de publicar la propuesta inicial de reducción de la pena.