Opinión
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La semana pasada, Casa Presidencial actuó en ambos frentes. Por un lado, nombró comisionados del IAIP por el gremio periodístico a Luis Suárez, gerente de operaciones de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) hasta hace dos meses, y a Gerardo Guerrero, empleado de la alcaldía de San Salvador durante la gestión edilicia de Bukele.
De cara al presupuesto público y su discusión, no perdamos de vista que en este 2021, más que nunca, si no se pone en su justa dimensión la necesidad de invertir en los niños, estaríamos condicionando su presente inmediato y su futuro.
En el Plan Cuscatlán, la administración de Bukele se comprometió a reorientar “el marco actual sobre cambio climático” y corregir su “ineficacia”, con el fin de ir “hacia la acción climática idónea y efectiva en El Salvador”. Se cumplió el primer año de Gobierno y no hay una reorientación ni correcciones sustanciales.
Sabemos, gracias a datos, cálculos y conocimiento especializado y no a revelaciones prodigiosas, que el futuro será desafiante. Asumamos que, para enfrentarlo, necesitaremos más ciencia y profundizar la democracia.
La tormenta no ha terminado, sin embargo, ante la próxima presentación del Presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal 2021, se antoja pensar sobre los propósitos futuros del Ejecutivo para con las finanzas de El Salvador, y los puntos que incluirá la discusión del mismo en el Legislativo.
Si una lección debemos extraer en Centroamérica sobre la pandemia es que necesitamos replantear lo que consideramos normalidad. Y no me refiero solo a que esa normalidad se caracterizaba por serios desafíos en materia social y económica, sino también porque habíamos normalizado que el medio ambiente y los recursos naturales fueran la moneda de cambio para obtener crecimiento económico y algún grado de bienestar social en el corto plazo.
El atol y el dedo por excelencia lo implementan los gobiernos de turno. ¿Cuál es el atol gubernamental? El discurso oficial, es decir, una narrativa conveniente a sus intereses que exhibe, esconde o distorsiona acontecimientos e información para ensalzar su imagen y procurar el apoyo popular.
Si la institucionalidad de Estados Unidos logra evitar la injerencia de actores externos y el boicot de intereses internos que no desean perder su poder, entonces, se puede augurar un cambio de administración. ¿Qué efectos tendrá en Centroamérica la administración Biden?
Insisto: siempre en que si bien es cierto, México tiene una responsabilidad por constituirse el territorio en el que sucedieron los hechos aberrantes de la masacre de San Fernando, también la tienen los países de origen.
Durante décadas la Fuerza Armada ha sido una escuela de valores de un buen número de ciudadanos que han prestado servicio en ella. Estos se han extendido al resto de la población ante la ausencia de valores democráticos, de tolerancia y diálogo.
En la actualidad resulta imposible avanzar con pasos decididos a la sanidad de las finanzas públicas si no se enfrenta un real proceso de discusión sobre derechos y compromisos de los agentes económicos en el país.
A falta de cinco magistrados en el “paredón de fusilamiento”, el presidente “no dictador” apunta lentamente contra el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, el periodismo crítico, la separación de poderes, el estado de derecho y demás elementos que constituyen el corazón de la democracia.
La industria turística ha venido trabajando en los últimos años por la protección y mejoramiento de la actividad, en un entorno social, ambiental y económico, tal como se estipula en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Las Naciones Unidas (ODS), los cuales son adoptados por la Organización Mundial de Turismo (OMT), con el fin de profesionalizar la actividad turística con un énfasis sostenible y sustentable.