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GatoEncerrado

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Beatriz Benítez

La subcomisión política de la Asamblea Legislativa empezó la primera jornada de entrevistas con 13, de 75, candidatos que buscan presidencia o magistraturas de la Corte de Cuentas de la República (CCR). La actuales funcionarios, elegidos para tres años, finalizan su periodo el 27 de agosto.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador no cumple a exactitud con la propuesta plasmada en el Plan Cuscatlán, ni con la expectativa que generó el presidente Nayib Bukele de darle capacidad de investigar la corrupción en el país.
Seis meses después de iniciar la administración Bukele, los titulares del Ministerio de Educación presentaron el Plan Estratégico Institucional de Educación 2019-2024 a diferentes sectores. Nunca compartieron un documento: únicamente hicieron una presentación en powerpoint.
Analistas consideran que durante el primer año de gestión del presidente Nayib Bukele se han repetido y agudizado prácticas para limitar el acceso a la información, negarse a transparentar y rendir cuentas de gastos y bloquear el trabajo de los periodistas que cuestionan e investigan.
En la propuesta de ley de reactivación económica y estado de emergencia que presentó el Gobierno, el 21 de mayo, incorporó que la Ley de Acceso a la Información Pública se habilite. Este 26 de mayo, el Gobierno se retractó.
El presidente Bukele aseguró que somos el único país del mundo que no tiene financiamiento para enfrentar la pandemia, porque los diputados no le han dado “ni un centavo partido por la mitad”. Su discurso es engañoso porque omite decir que ha tenido donaciones internacionales, ha hecho reorientaciones del Presupuesto General de la Nación y ha utilizado la “tarjeta de crédito".
En menos de 24 horas, el presidente Bukele se retractó de que la economía no podía reactivarse aunque los empresarios gritaran y negoció un plan de reactivación con algunos de los más grandes empresarios. La Asamblea, por su parte, aprobó otra ley de reactivación económica, que según el presidente será vetada.
La Sala de lo Constitucional admitió dos demandas de inconstitucionalidad en contra del decreto ejecutivo, con el que el Gobierno pretendía prorrogar la emergencia por COVID-19. Los demandantes, entre ellos el fiscal general, alegaron que la Presidencia de la República se tomó atribuciones del Órgano Legislativo. Bukele reaccionó en su cuenta de Twitter y dijo que la Sala le estaba quitando "facultades" al Ejecutivo.
El sector privado y académico renunciaron al Comité supervisor de los $ 2,000 millones de deuda aprobados al Gobierno para enfrentar la emergencia por la COVID-19. La razón es la falta de transparencia de parte del Gobierno y la discrecionalidad para usar los fondos.
El dictamen para suspender del cargo de diputado a Norman Quijano no logró los 43 votos que se necesitaban para desaforarlo. El caso fue archivado y no puede reabrirse por los mismos hechos. Diputados dudaron de la prueba presentada por la Fiscalía.
En la madrugada del 5 de mayo, Arena y otros partidos de derecha hicieron alianza con el gobierno de Nayib Bukele para darle legalidad a las arbitrariedades cometidas por cuerpos de seguridad como parte de su trabajo para contener la pandemia. También dieron sus votos para endeudar al país por los próximos 35 años.
El presidente Nayib Bukele se "entrometió y boicoteó" el trabajo de la Asamblea Legislativa, otra vez, según diputados. Esta vez utilizando información sin pruebas de que en la Asamblea hay sospechas de un caso de COVID-19.