Opinión
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A pesar de que el panorama es sombrío, a pesar de que este año ha sido muy convulso y caracterizado por violaciones a la Constitución debemos comprender que no hay democracia sin derechos fundamentales y, por ello, es que debemos seguir insistiendo en su protección.
La mal intencionada distorsión histórica de asumir que las luchas populares surgen por voluntad de “comunistas” o “terroristas” y no por inequidades e injusticias masivas económicas y sociales, los hace optar por “justificar” masacres y persecución política permanente a cambio de impulsar reformas socioeconómicas radicales.
A seis años de la adopción de la Agenda 2030, y a nueve años para presentar resultados, ya se pueden trazar no solo los primeros balances sino que las primeras lecciones aprendidas y los retos pendientes.
El fundamento de los derechos humanos –usando palabras de Dussel- lo constituye el “inequívocamente otro”, en otras palabras, el individuo o formación social desamparado, débil, vulnerable, empobrecido y despojado de bienes para la producción y reproducción de la vida digna.
Cualquiera de nosotras, en especial si se encuentra en situación de pobreza, puede ser criminalizada ante una emergencia obstétrica, las cuales son más comunes de lo que pensamos, basta que hablemos francamente con las mujeres que nos rodean.
Es fácil prever que la criminalización de opositores por la administración Giammattei es la aspiración de Bukele, que el despojo de lo público a la usanza hondureña es lo que actualmente imita.
Es necesario que los Estados centroamericanos incluyan requisitos de derechos humanos en las contrataciones públicas.
Si bien la década pasada representó un crecimiento significativo de la presencia pública de los liderazgos trans, tanto desde los movimientos LGBTI como los feministas, esta también fue una de brutal persecución para ellas.
Los Estados centroamericanos deben avanzar hacia políticas nacionales de transparencia y rendición de cuentas, que eviten y castiguen todas las formas de corrupción, al tiempo en que se implementen leyes más efectivas contra el tráfico de personas, drogas y minerales.
Las leyes que se vayan creando, sin un debate técnico y con un desprecio absoluto a los derechos de los ciudadanos, no son garantía ya de protección, sino por el contrario sino de su violación, limitación y obstaculización.
Son, en su mayoría, las madres quienes buscan, quienes claman, quienes gritan. Quienes responden al terror. Quienes piden explicaciones cuando la sangre ha dejado de correr.
El uso de la energía geotérmica para minar Bitcoin representa para El Salvador la profundización de las desigualdades en el acceso a la energía que, aunque no está reconocida aún como un derecho, las comunidades empobrecidas lo reivindican y afirman como tal.
El tiempo ha pasado y cada vez más los países centroamericanos atraviesan el umbral del dividendo o bono demográfico, ese momento en el que el porcentaje de la población en edad productiva (15 a 64 años) es el mayor.