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La ola de violencia contra las mujeres en El Salvador hizo que el movimiento feminista y transfeminista se manifestara en las calles el 25 de noviembre de 2020. Este fenómeno queda en la impunidad, ante un sistema judicial que no logra dar acceso a la justicia pronta a las víctimas de feminicidios. Las manifestantes también se pronunciaron ante la violencia obstétrica, la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes y los crímenes de odio contra las poblaciones LGBTI.
Tras un despido sin indemnización, un grupo de trabajadoras se convirtió en un caso excepcional en El Salvador. Ocuparon su lugar de trabajo para exigir la deuda que los dueños se niegan a pagar después de cerrar la empresa. Llegaron a todos los espacios políticos para exigir una compensación. Después de una alianza con una asociación, convirtieron la nave textil en un lugar de aprendizaje con enfoque de género.
En esta historia, hay culpables. El sistema está roto y hay que cambiarlo. Nosotros lo sabemos y los gobernantes pareciera que no se quieren dar por enterados. Siguen empujando los límites de sistemas fiscales cuya capacidad está sobrecargada, y que se superó hace ya mucho tiempo.
El presidente del IAIP, Ricardo Gómez Guerrero, y los comisionados Luis Javier Suárez y Gerardo José Guerrero Larín revocaron una resolución del mismo Instituto que ordenó entregar la versión pública de las adendas adjuntadas en la declaración patrimonial del presidente Bukele. El audio de la discusión de la sesión del pleno, revela que Suárez y Guerrero Larín aceptaron que no conocían el contenido de la resolución que revocaron pero se plegaron a la propuesta del presidente del IAIP y siguieron la línea de la CSJ de mantener en reserva la información. Los comisionados no quisieron pedir la opinión del equipo jurídico.
Tras haber protagonizado un accidente de tránsito, en el que falleció una persona, el diputado Arturo Magaña enfrentó una investigación y un proceso de antejuicio que estuvo plagado de irregularidades que favorecieron al legislador. En medio de todo, la Policía y el Juzgado de Paz de Ahuachapán mostraron falencias.
Sobrevivientes relatan el horror vivido en el Macizo de Peñas Blancas, donde al menos 11 personas murieron producto de un deslave provocado por el huracán Iota. Reconstrucción de una jornada angustiosa y fatídica, que fue manoseada por el secretismo del gobierno Ortega-Murillo. Antes de que la tierra cediera, en la comunidad de San Martín se sintió un intenso olor a lodo. El alud arrasó, fracturó, trituró, y deshizo todo lo que envolvió
El derecho a lo sublime es el derecho a que el mundo pueda seguir siendo mundo. Uno en el que, a pesar de la incesante tormenta, se pueda arropar a un niño por la noche con la certeza suficiente de que, a la mañana siguiente, el niño, la cama, quien lo arropó y la casa permanecerán en su sitio.
El argumento de Zelaya para incumplir estas obligaciones legales es que la ley está suspendida por la emergencia por la pandemia COVID-19. Sin embargo, economistas y abogados consultados por GatoEncerrado dijeron que dicha afirmación del titular de Hacienda es falsa. Aunque aún hay emergencia sanitaria, no es cierto que sus obligaciones legales están suspendidas.
Los gobiernos recientes de El Salvador se han dedicado a promover en forma sostenida el otorgamiento de privilegios fiscales, incluso, la negociación de tratados de doble imposición -cuando fiscalmente no les ofrece ninguna ventaja-, con el fin de motivar a los empresarios extranjeros a ubicarse en el territorio del país.
El Gobierno salvadoreño apuesta por aumentar en 2021 el gasto en salud, educación y seguridad para enfrentarse a la crisis que dejó la pandemia de COVID-19. Sin más garantía que sus propias cuentas, el Ministerio de Hacienda apuesta a incrementar la deuda al 95.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) para lograr el “milagro salvadoreño”, como el ministro Alejandro Zelaya le llama, con un presupuesto que será difícil de aprobar e imposible de cumplir, según advierten diputados, economistas y calificadoras de riesgo.
Históricamente, la isla ha sido deseada y peleada por los colonos que viven en la comunidad San Rafael Tasajera y la familia Closa. Por un lado, los colonos defienden que la isla es su hogar y que no están dispuestos a ser desalojados con todo y su proyecto de turismo mochilero. Por el otro, la familia Closa, que forma parte de la élite económica del país que ha desarrollado hoteles en la playa Costa del Sol, asegura que el terreno que le pertenece debe ser desalojado por los colonos para luego construir un megaproyecto turístico denominado “El Cancún de El Salvador”, que incluye hoteles, bares, restaurantes y centros comerciales. La familia Closa cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Tras el histórico conflicto entre colonos y la familia Closa por la Isla Tasajera, el gobierno de Nayib Bukele ha prometido resolver las cosas para que ambas partes queden satisfechas. A los colonos, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, ha prometido llevarles desarrollo y trabajo; mientras que a la familia Closa le ha prometido el respaldo para que su megaproyecto turístico "El Cancún de El Salvador" sea construido con el respaldo del gobierno. Los colonos temen, sin embargo, que los únicos beneficiados con el arreglo sean los Closa
El conflicto entre colonos y dueños privados de la isla Tasajera parece llegar a su fin. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, acordó con la familia Closa el desarrollo de un megaproyecto turístico dentro de la isla a cambio de que los Closa donen un terreno para reubicar a 11 familias que usurpan sus tierras.