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¿Lograrán Petro y Márquez un gobierno ejemplar para Centroamérica y los centroamericanos? ¿Logrará la élite económica colombiana —conservadora y tradicionalmente mimada por los gobernantes—, respetar la elección democrática, aceptar sus nuevas responsabilidades y cooperar por el bien de la sociedad, llegando a ser un ejemplo para las élites centroamericanas?
A criterio del vicepresidente Félix Ulloa, “en toda guerra hay víctimas inocentes”. Así lo dijo en una entrevista para el periódico francés Le Monde Journal en una entrevista que tocó, entre otros temas, el régimen de excepción y las denuncias de violaciones a derechos humanos en El Salvador.
La inversión pública está fuertemente relacionada con el nivel de bienestar que se mide a través del Índice de Desarrollo Humano, pero también es un importante determinante en la competitividad internacional, aunque no el único.
El informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, elaborado por Naciones Unidas, se indicaba que entre 2019 y 2021, el 46.5 % de la población salvadoreña, el 49.9 % de la hondureña y el 55.9 % de la guatemalteca había sufrido inseguridad alimentaria.
En el campamento de pandilleros, la Policía incautó dos armas. En lo que va del régimen de excepción, las autoridades aseguran que han capturado a más de 49,000 personas.
Los jóvenes se mantienen como las principales víctimas durante el régimen. El 98 % de las víctimas atendidas por Cristosal han sido por detenciones arbitrarias.
El Ministerio de Medio Ambiente calificó el proyecto de alto impacto ambiental. Además, rechazó una de las solicitudes de evaluación presentada por el INDES.
La Policía Nacional Civil (PNC) comenzó a dividir las muertes violentas entre homicidios y muertes de pandilleros o terroristas. Pero la clasificación no parte de principios estadísticos o de perspectiva de derechos humanos.
Una estanflación mermaría los ingresos de los migrantes, y con ellos sus remesas que en 2021 representaron el 26.8 % del PIB en El Salvador. Esto erosionaría aún más el poder adquisitivo de la población.
Sin acceso a la información pública el espacio cívico se reduce, se empobrece, puesto que, al carecerse de información –sea mediante su bloqueo o acceso deficiente-, las condiciones de establecer un debate público e informado desaparecen lentamente.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la UCA presentó un informe de los primeros 100 días del régimen. Destacó que, entre el 24 de marzo al 24 de junio, la PDDH recibió 306 denuncias por violaciones al derecho a la integridad, incluyendo malos tratos y torturas.
La Unidad de Delitos de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de San Salvador de la Fiscalía citó a los periodistas de la revista GatoEncerrado.
Familiares de personas privadas de libertad durante el régimen volvieron a manifestarse para exigir la liberación de sus parientes inocentes.