La palabra que define al 2022 en El Salvador es régimen. Nueve de los 12 meses del año, el Gobierno de Nayib Bukele y su Asamblea Legislativa sometieron a la población salvadoreña a un “régimen de excepción” que se prorrogó mes tras mes y dejó de ser la excepción para convertirse en algo más permanente. Esto significa que durante la vigencia del régimen han sido suspendidas algunas garantías constitucionales, que en miles de casos documentados por periodistas y organizaciones de sociedad civil se convirtieron en la justificación perfecta para la violación de derechos humanos, malos tratos, torturas, desplazamiento forzado, capturas arbitrarias y hasta muertes sin explicación de más de 90 personas en centros penales. 

Este régimen fue la reacción de Bukele a la ruptura de sus negociaciones secretas con las pandillas para reducir la cantidad de homicidios diarios en el país. Cuando al final de marzo los pandilleros, principalmente los de la Mara Salvatrucha (MS-13), comenzaron a matar otra vez y a llenar los noticieros internacionales con titulares que señalaban que El Salvador estaba sumergido en el fin de semana más violento de su historia reciente, el mandatario recurrió a implementar una versión moderna de la vieja y tradicional estrategia que utilizaron los fracasados gobiernos anteriores al enfrentar las pandillas con “manodurismo” y ocurrió lo obvio: los agentes del Estado, con una pobre formación en derechos humanos, volvieron a cometer abusos, arbitrariedades y torturas en contra de adolescentes, mujeres y hombres inocentes que no tenían ninguna relación con las pandillas.

Esto es parte de la cobertura que GatoEncerrado hizo del régimen en este año.