Justicia transicional
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La última vez que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos agendó el estudio de la Ley de Justicia Transicional fue en febrero de 2022, después simplemente abandonó el tema, sin explicaciones
Las investigaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas del Conflicto Armado ayudaron a localizar el lugar para realizar la exhumación.
Raúl creció en la familia de un guardia nacional, después de que la Guardia Nacional asesinó a su madre en 1981. Cuatro décadas después, pudo reencontrase con su abuela, tíos y primos.
Tras 29 años de los Acuerdos de Paz, el Presidente Nayib Bukele calificó las negociaciones, que pusieron fin al conflicto armado en 1992, como una "farsa". Tres de los firmantes explicaron a GatoEncerrado los logros de la negociación y su impacto en la construcción democrática de El Salvador.
Marta fue violada dos veces en un campamento guerrillero en 1992. Su agresor, un exjefe de la guerrilla, no tuvo ninguna sanción en su momento y ahora tiene un cargo de función pública. El caso de Marta y el de muchas otras mujeres abusadas sexualmente por la guerrilla o por cuerpos de seguridad del Estado, no figuran en ningún informe oficial y continúan impunes. Para especialistas e investigadoras, los niveles de violencia de género actuales no son una casualidad en “tiempos de paz”. La ausencia de las voces y demandas de las mujeres en la negociación para llegar a los Acuerdos de Paz ha marcado el presente de las mujeres salvadoreñas.
Había militares buena gente, nos decían “váyanse, que atrás vienen unos militares que no los van a perdonar. Los van a matar, váyanse”. El que venía atrás era el Batallón Atlacatl y cabal, la gente que no quiso salir, la mataron.
La búsqueda de los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981, fue obstaculizada en cada una de las seis sedes militares que podrían haber tenido documentos relevantes para el caso que lleva el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera.
El juez de San Francisco Gotera retomó esta semana las diligencias de inspección a los archivos militares relacionados con el caso El Mozote y lugares aledaños. Pero la historia se repitió, como en septiembre: militares con fusiles en mano le impidieron el ingreso a las instalaciones militares, bajo el beneplácito y respaldo del presidente Nayib Bukele.
El presidente de la República, Nayib Bukele, y el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, fueron citados por la Sala de lo Constitucional a una audiencia de evaluación de cumplimiento de derogatoria de la Ley de Amnistía General, que se realizará el próximo 30 de octubre, para que expliquen si han cumplido con sus obligaciones en favor de los sobrevivientes y víctimas del conflicto armado.
El Idhuca considera que las declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre la desaparición de los archivos militares lo obligan a pedir que la Fiscalía haga una investigación en la Fuerza Armada.
Las declaraciones del presidente sobre la desaparición, sustracción o destrucción de archivos militares lo obligan a denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía, según Manuel Escalante del Idhuca.
El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, ha dado cinco días hábiles al Estado Mayor para que aclare el bloqueo militar de la inspección judicial de archivos militares programada para el pasado 21 de septiembre.
La promesa que hizo el presidente y comandante general de la Fuerza Armada, Nayib Bukele, de abrir los archivos militares fue incumplida por la Fuerza Armada. Bukele, por su lado, guardó silencio.