La Fiscalía de El Salvador quiere que los cinco ambientalistas de Santa Marta, reconocidos por su lucha contra la minería metálica, enfrenten un tercer juicio, a pesar de haber sido absueltos dos veces consecutivas. Esta “obsesión” de la Fiscalía es interpretada por la comunidad como una criminalización de las personas que defienden los bienes naturales y luchan contra las empresas y proyectos mineros que contaminan el país.