Si algo nos recordó 2020, bruscamente y de golpe, es que la ambición por concentrar el poder sigue viva y que nunca fue sepultado nuestro pasado de autoritarismo y protagonismo militar. Siempre estuvo allí, como acechando entre las sombras a nuestra incipiente democracia, esperando el momento para desperezarse, mostrar que si quiere puede tomarse la Asamblea Legislativa cargando fusiles y amenazar la institucionalidad y el orden constitucional en medio de una pandemia que fue manejada a ciegas, a oscuras y de forma desordenada, con un plan reducido a una cuarentena domiciliaria obligatoria, irrespeto a derechos humanos y aprovechada para cometer actos que apestan a corrupción.
Este año nos hizo caer en la cuenta de que las conquistas en materia de transparencia y acceso a la información no son batallas ganadas y que siempre es posible retroceder al secretismo que creíamos haber encerrado con candado. En tan solo unos meses, la nueva generación de comisionados de transparencia han demostrado que votan igual, como si estuvieran de alguna forma alineados, y que ¿coincidentemente? sus intereses se parecen demasiado a los del gobierno del presidente Nayib Bukele. Cuando GatoEncerrado le preguntó al nuevo presidente del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) si tiene compromisos con el gobierno, él lo negó y calificó sus acciones como “desafortunadas coincidencias” con el gobierno.
Cuando el año inició, los ambientalistas, defensores de derechos humanos, académicos y periodistas ya sabíamos que cuestionar la gestión de Nayib Bukele, por la improvisación hecha su política de gobierno —como lo hemos documentado y publicado en esta revista—, era buscarse problemas y enfrentar campañas de desprestigio. Pero lo que nos sorprendió, y en realidad también desconcertó a senadores de Estados Unidos y miembros de la comunidad internacional que están pendientes de El Salvador, es la acelerada escalada en el nivel de ataque a los críticos. En 2020 se pasó, casi de inmediato, de campañas de desprestigio a intimidaciones y burlas públicas del presidente en cadenas nacionales de radio y televisión, luego a seguimientos con vehículos, intervención a celulares, robos de computadoras a periodistas independientes y amenazas.
El año también cierra con la consolidación del desprecio hacia las víctimas del conflicto armado que venía ocurriendo desde los gobiernos anteriores con el bloqueo a los archivos militares y la férrea decisión de proteger a los militares y verdugos, por encima de procurar la justicia transicional. Pero en esto no solo el Ejecutivo tiene responsabilidad, sino también la Asamblea Legislativa con la creación de una nueva amnistía disfrazada de “Ley de Reparación y Reconciliación Nacional”. Esta ley fue vetada por el presidente Bukele tras encontrarla inconstitucional y actualmente está estacada sin ningún tipo de estudio, rectificación o sin enviar al archivo de la Asamblea.
A propósito de la Asamblea, la Ley de Agua aún sigue sin aprobarse, a pesar de que los diputados de la comisión de Medio Ambiente se comprometieron (otra vez) a aprobarla este año. Parece que los que se lucran del agua, en complicidad con los diputados, siguen dilatando esta discusión que ya lleva estancada más de 13 años desde que la sociedad civil la promovió por primera vez.
Hablando de recursos naturales, este 2020 se hizo evidente que el gobierno de Bukele no solo está enfocado en agilizar los permisos ambientales —que durante años han necesitado los depredadores ambientales para urbanizar y construir complejos turísticos en lugares donde se compromete el agua y los escasos recursos naturales que aún quedan para enfrentar la crisis climática—, sino que es aliado de esos depredadores y además priorizó los intereses urbanísticos antes que firmar el internacional Acuerdo de Escazú.
Este año también destaca que el gobierno no ha tenido un enfoque de género. Es más, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) está cada vez más ausente para las mujeres.
A pesar de todo esto, también es importante reconocer la labor de todo el personal médico que ha estado en la primera línea enfrentando la pandemia por COVID-19. Sin su esfuerzo y trabajo, muchas veces a ciegas por falta de un plan concreto y en condiciones deplorables, la situación sería mucho peor.
Asimismo queremos agradecer a la comunidad de lectores de GatoEncerrado por acompañarnos en todo este año, en el que hicimos periodismo independiente, sin compromisos políticos o empresariales, con el fin de tener la libertad editorial de publicar las cosas como son, con nombre y apellido. Sin ustedes, todo lo que hacemos no tuviera sentido, ya que el periodismo solo tiene impacto cuando los ciudadanos hacen suya la información revelada para ser agentes de cambio en un momento de la historia salvadoreña que demanda más participación de la sociedad civil. En GatoEncerrado estamos convencidos de que en El Salvador corren tiempos con la urgencia de un periodismo riguroso y de investigación, que sirva como uno de los pilares para nuestra democracia, y por eso nos comprometemos a que 2021 sea un año de mucho más periodismo, de más investigación, de más verificación del discurso público, de seguir revelando quiénes y cómo están depredando nuestro medio ambiente y también un año para innovar y ser más creativos a la hora de publicar.
Muchas gracias.
Ezequiel Barrera
Editor de GatoEncerrado
#OjoConMiAmbiente
Este es un resumen de nuestra cobertura ambiental en 2020, que es uno de los enfoques más importantes de GatoEncerrado. Puede tocar o hacer clic sobre cualquier cuadro para ser dirigido hacia las notas. Este año lo iniciamos documentando, en enero, la crisis del agua potable. Los salvadoreños que viven en la capital recibieron agua pestilente y en algunos lugares hubo reporte de que el agua distribuida por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) cayó con sedimento.
El presidente de Anda, Frederick Benítez, dijo que el agua de Anda es bebible, pero es falso. Estudios revelan que tiene metales pesados y heces humanas y animales.
Sobre lo ocurrido, el Gobierno pareció enfrentar la crisis con la sorpresa de alguien que no tiene los medios para saber que esto ocurriría y se contradijo al intentar explicar qué es lo que había sucedido. En su intento por demostrar que estaba haciendo algo, envió a la Fuerza Armada a investigar las algas microscóspicas. Por el manejo de esa crisis, la Asamblea Legislativa mandó a llamar a la entonces ministra de Salud, Ana Orellana, para que explicara, pero ella no llegó. Así que los diputados decidieron interpelarla. Tras la interpelación, el presidente Nayib Bukele decidió destituirla y nombrar en su lugar a Francisco Alabí.
Expertos consultados por GatoEncerrado contradicen a la ministra. Incluso, cuestionan su respuesta y preguntan por qué no la interpretó para ofrecer una mejor explicación de lo ocurrido con la calidad del agua distribuida por Anda en enero.
La sección #OjoConMiAmbiente también reveló, al menos, cinco de los grandes proyectos urbanísticos y de energías renovables con permisos viciados y con intereses de familiares de funcionarios que se lucran de la depredación ambiental.
El cerro Afate era uno de los últimos lugares del lago de Coatepeque en sobrevivir a la intervención humana, la tala y el cemento. Ahora, cerca de 40 casas con piscinas termales y un edificio de 12 apartamentos son construidos con permisos irregulares en un proyecto de la familia de Francis Zablah, el diputado de Gana. Partido que llevó al poder a Nayib Bukele. En el negocio inmobiliario también participa Arena Perezalonzo de Rodríguez, suegra del presidente Bukele.
El río Sensunapán, en Sonsonate, fue testigo silencioso del despojo de tierras indígenas y luego de la matanza ocurrida en 1932, durante la dictadura militar de Maximiliano Hernández Martínez. Aquí, el pasado y el presente se juntan en una historia de explotación de recursos naturales y segregación étnica, que se mantiene vigente por la generación de energías limpias que promueven siete pequeñas hidroeléctricas y una octava que pretende construirse a costa del río que sirve como fuente de vida para los indígenas y agricultores.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, acordó con la familia Closa el desarrollo de un megaproyecto turístico en la Isla Tasajera a cambio de la donación de un terreno para reubicar a 11 familias que usurpan tierras. El presidente Nayib Bukele también ofreció una unidad de salud con UCI en esa isla, que carece de servicios básicos. La comunidad acepta el acceso a la salud, pero rechaza la construcción del proyecto turístico que se ubicará en una zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida.
La empresa Cardedeu S.A. de C.V. llegó con promesas para la comunidad Santa Mónica, en el Lago Coatepeque, como proveer empleos para los jóvenes, mejorar calles y llevar ar desarrollo a la zona. Ocho años después, Cardedeu sigue sin cumplir con las promesas y fueron los vecinos quienes acabaron prestando sus limitados recursos a la empresa. Pese a que ha recibido denuncias en el Juzgado Ambiental de Santa Ana y ha recibido observaciones del Ministerio de Medio Ambiente, a finales de 2019 logró ser uno de los proyectos que recibió incentivos fiscales de parte del Estado, gracias a la administración del gobierno de Nayib Bukele.
En la zona norte de San Salvador se prepara la construcción de dos megaproyectos que modificarán el área metropolitana en la próxima década: Ciudad Los Luceros, de la familia Poma; y Ciudad Valle El Ángel, de la familia Dueñas. Estos proyectos han recibido la venia de diferentes autoridades, a pesar de que se compromete el agua que abastece al acuífero de San Salvador. Las ciudades también se instalarán en zonas de alto riesgo por deslizamientos en las faldas del volcán de San Salvador.
Las tormentas Amanda, Cristóbal y Eta no tuvieron consideración de una población que se enfrentaba a ellas con un sistema de Protección Civil debilitado. Tras haber sido un sistema que había logrado articulación entre la recepción de alertas con el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, con las dependencias municipales y departamentales, el costo de haber perdido esa coordinación se reflejó en el actuar débil de Protección Civil. Las tormentas Amanda y Cristóbal dejaron 30 muertos y 30,000 familias afectadas en El Salvador. Hubo falta de evacuaciones preventivas en lugares como en la comunidad La Cuchilla, de Antiguo Cuscatlán, pese a ser una zona histórica de alta vulnerabilidad. Tampoco hubo evacuaciones posteriores, como en la comunidad El Cajón, de Zacatecoluca, donde los vecinos tuvieron que autoevacuarse.
La prominencia de actividades del gobierno ocurría después de los desastres. Despliegues de funcionarios en las zonas afectadas acompañados de listados de promesas para la población. En medio de la crisis por COVID-19, el presidente de la República, Nayib Bukele, llegó la noche del 31 de mayo a la comunidad Nuevo Israel, de San Salvador, donde prometió que construiría 60 viviendas para las personas afectadas. Bajo la lluvia, decenas de habitantes de la comunidad escuchaban sus promesas y esperaban la entrega de un paquete alimenticio. Seis meses después, el inicio de la construcción de las viviendas aún se mantenía en promesas. Aunque, sorpresivamente, el gobierno entregó las llaves de casas en Ciudad Marsella a varias familias damnificadas y prometió que el gobierno se iba a encargar de pagar hasta el mantenimiento. Aunque no explicó cómo.
El 3 de noviembre, un deslave en Nejapa dejó nueve fallecidos y 130 viviendas afectadas. La alerta también llegó tarde en esa ocasión. Al desastre le siguió la llegada de funcionarios y el listado de promesas de reubicación de las familias afectadas.
Lo ocurrido revela que de nuevo se vio la falta de coordinación entre las comisiones municipales y nacionales de Protección Civil. El único mensaje que advertía de riesgo en Nejapa se publicó en la cuenta de twitter del Ministerio de Medio Ambiente cuando ya el alud de tierra, agua y rocas había pasado por las casas. GatoEncerrado platicó con algunos de los sobrevivientes.
El 24 de septiembre pasado, el presidente Nayib Bukele confirmó en cadena Nacional a GatoEncerrado que no firmará el Acuerdo de Escazú porque, según argumentó, no puede detener la construcción de viviendas como parte del desarrollo del país. El Acuerdo que no firmó trata, entre otras cosas, sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública, protección de ambientalistas y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Ahora, la adhesión de El Salvador a este convenio internacional queda en manos de la Asamblea Legislativa, que podría ratificar con 43 votos.
El Acuerdo que el presidente no firmará trata, entre otras cosas, sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública, protección de ambientalistas y el Acceso a la Justicia en asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
En octubre de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó reconocer constitucionalmente el derecho humano al agua y al saneamiento en El Salvador. El reconocimiento, aunque es un logro y avance según ambientalistas, ha dejado fuera el concepto de “sin fines de lucro”, una presión impulsada por el partido Arena y aprobada bajo la pasividad del FMLN, partido en cuyo discurso mantenía una campaña contra la privatización del agua. El Legislativo salvadoreño acumula casi 15 años de discusión por la Ley General del Agua, debido a intereses económicos de quienes se lucran con el agua. Para que la aprobación tenga validez, se necesitan 56 votos de ratificación de la siguiente legislatura 2021-2024.
El partido Arena logró que la reforma constitucional que reconoce el agua como derecho humano no incluyera el concepto de “sin fines de lucro”. Lo hizo con el beneplácito del FMLN, que por años dijo acompañar a las organizaciones de la sociedad civil que exigían el agua como bien público, pero además sin fines de lucro.
Género
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), la institución rectora de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (Leiv) estuvo ausente e invisibilizada durante este año, según especialistas en derechos humanos de las mujeres y tal como constató GatoEncerrado en distintas coberturas. No se detectó ningún plan con enfoque de género para garantizar una vida libre de violencia durante el confinamiento domiciliario por la COVID-19. El Gobierno concentró sus esfuerzos en contener la propagación del virus a través de la militarización e ignoró la pandemia de la violencia contra las mujeres, al no elaborar un plan estratégico, tal como establece el artículo 22 de la Leiv. Como consecuencia, las organizaciones civiles reportaron aumentos en los distintos tipos de violencia.
El presidente Nayib Bukele afirmó el 4 de junio, en cadena de radio y televisión nacional, que las mujeres están 61 % más seguras desde que empezó su gestión, con base en datos de la mesa tripartita (Fiscalía, Policía y Medicina Legal). GatoEncerrado verificó y encontró que la afirmación fue Engañosa, porque la violencia contra las mujeres no se analiza solo desde los feminicidios. Existen, según la ley, 7 tipos de violencia. El feminicidio es la expresión más cruel y grave de los tipos de violencia en El Salvador.
Nayib Bukele dijo que las mujeres están “61 % más seguras” en su gobierno, cuando fue informado de la reducción de feminicidios desde que asumió la presidencia. Su discurso, sin embargo, es engañoso porque se limita a la violencia feminicida y omite decir que hay otros tipos de violencia que las mujeres sufren, sobre todo con más frecuencia durante la cuarentena domiciliaria.
Según especialistas consultadas por esta revista, el mandatario omitió decir que durante la cuarentena domiciliaria hubo un aumento de los feminicidios, que incluso sobrepasaron las muertes de mujeres por coronavirus durante los primeros meses. Su análisis, además, se limitó a lo cuantitativo y dejó de lado el contexto de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres.
Lo que parecía un año de avances en el cumplimiento de derechos de las mujeres, en realidad fue lo contrario: el Gobierno las invisibilizó.
Pandemia
El 13 de marzo, el presidente Nayib Bukele decidió que para evitar la entrada de la COVID-19 se debía cerrar el país. De manera atropellada y sin previo aviso, el gobierno cerró las fronteras y el aeropuerto internacional, dejando fuera a miles de salvadoreños en incertidumbre y a los que alcanzaron a entrar los envió a una cuarentena obligatoria, que para algunos sobrepasó los 30 días. El 18 de marzo, el gobierno confirmó el primer caso de coronavirus de un hombre procedente de Italia que, según el presidente, entró por un punto ciego en Metapán.
Una descripción, desde adentro, del escenario salvadoreño en tan solo los tres primeros días desde que se conoció que el COVID-19 llegó a la región.
El manejo a ciegas de la pandemia en el país hizo que el gobierno improvisara en el trato a los salvadoreños que tuvieron que pasar por la cuarentena obligatoria. Algunos de los confinados no tuvieron la atención necesaria y fallecieron por otras razones distintas a la pandemia, en manos del Estado que no les garantizó el cuidado médico básico.
La falta de transparencia en el manejo de las estadísticas de la emergencia sanitaria por COVID-19 caracterizó a la labor del gobierno frente a la pandemia. Aunque se creó una página web en la que se presentan los datos reportados por el Ministerio de Salud, estos no permitieron analizar la situación a profundidad. Actualmente, el portal ha dejado de actualizarse a diario.
Desde el inicio, el Ministerio de Salud no cumplió con sus propios lineamientos en cuanto al manejo de datos de COVID-19. Salud cuenta con un sistema en línea llamado Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en El Salvador (VIGEPES), a través del cual debían registrarse los resultados de las pruebas de COVID. Sin embargo, fue a través de un memorándum emitido por personal del Laboratorio Nacional de Salud Pública que se conoció que ellos no contaban con el permiso para subir los datos al VIGEPES, sino que los debían subir a un documento de Excel que se compartía por Whatsapp únicamente con el ministro de Salud, Francisco Alabí y a delegados de Casa Presidencial. La falta de acceso a datos puso trabas para la toma de decisiones del personal de unidades de salud y hospitales de segundo nivel.
Además, se ha detectado que no hay coincidencias entre los datos de muertes por COVID-19 reportados por el Ministerio de Salud, con los que se registran en los cementerios municipales.
El Ministerio de Salud incumplió sus propios lineamientos en cuanto al manejo de datos de COVID-19. Esto ha llevado a que haya una especie de monopolio de quienes manejan la información y el uso que se le da para las estrategias de combate a la pandemia. La consecuencia: el personal de salud de los niveles regionales y primer nivel trabaja a ciegas y sin el equipo adecuado.
Los cuestionados cercos sanitarios (¿militares?)
Cuando Bukele anunció el primer caso de COVID-19 en Metapán, la noche del 18 de marzo, también ordenó el cierre del municipio, y eso se convirtió en parte de la estrategia gubernamental para enfrentar la pandemia. Sin embargo, además de provocar zozobra entre la población de los distintos municipios que fueron cercados, generó cuestionamientos sobre cuáles han sido los criterios técnicos para implementarlos.
Sobre todo, porque cada vez que se da la orden de implementar un cerco sanitario, se da una predominancia de militares y policías en los municipios cercados, por sobre la cantidad de personal de salud desplegado.
El periodo de régimen de excepción venció este domingo 29 de marzo. Estas son algunas imágenes captadas en la cuarentena domiciliar, que evocan a lo que vivió El Salvador en el conflicto armado.
Especialistas como el infectólogo de adultos, Iván Solano Leiva, han cuestionado que tras la implementación de cada cerco sanitario no se conoce cuáles han sido los resultados de cada uno de ellos. Por ejemplo, no se informa si se lograron detectar nexos epidemiológicos o los casos asintomáticos encontrados.
Hasta octubre se habían implementado seis cercos sanitarios en el país, en los municipios de Metapán, La Libertad, Corinto, Santa Rosa de Lima, San Francisco Gotera y Chalchuapa. El presidente Bukele también calificó como “codiciosa” a las personas que salían de la cuarentena domiciliaria a vender o trabajar y utilizó eso como uno de los argumentos para justificar los cercos sanitarios. El alcalde de San Salvador, en un intento por emular lo que hizo el gobierno, también ordenó cerrar el Centro Histórico de San Salvador sin un plan concreto y técnico. Eso provocó que familias que viven del comercio informal se quedaran sin su medio de subsistencia.
El cierre del país y la cuarentena obligatoria tuvieron un efecto directo en la economía de los salvadoreños que viven de lo que venden cada día. Estos salvadoreños son mayoría entre los que están en el sector de los “económicamente activos”. Según la encuesta de hogares de 2018, el 70 % de las familias cuenta con un integrante que está en el comercio informal o con un subempleo.
En una economía frágil como la salvadoreña y un sistema de salud limitado, las salidas para enfrentarse a una pandemia mundial, sin que el impacto sea tan alto, dependerán de un plan urgente diseñado desde el Ejecutivo
Con la idea de solventar esta situación, el presidente Bukele propuso soluciones para los sectores vulnerables de la población. Fiel al estilo de la improvisación, sus medidas fallaron en la implementación inicial. Intentó entregar un bono de $300 a quienes cumplieran ciertos requisitos como demostrar un gasto menor a 25 kw en el recibo de luz, pero algunos salvadoreños aún no tienen ni energía eléctrica.
Por eso, el requisito pasó a ser que las personas demostraran la necesidad del bono. La planificación atropellada del gobierno tuvo como consecuencia una concentración masiva de personas fuera de los CENADE que buscaban el bono. Hasta la fecha, muchos de quienes lo necesitaban nunca recibieron el bono.
Bukele intentó contrarrestar la situación ofreciendo sacos solidarios que contenían productos de canasta básica. La información sobre su ruta, su modalidad de entrega o cualquier detalle al respecto fue casi nula. Inicialmente se estimó entregar 1.7 millones de paquetes al mes, luego la cantidad ofrecida se aumentó a 3.5 millones y finalmente Bukele dijo en una cadena de radio y televisión que los paquetes serían entregados a toda la población. En la entrega también participaron miembros del partido del presidente, Nuevas Ideas. Entregaron paquetes hasta en zonas exclusivas del país, sin un plan para priorizar las zonas más pobres.
#CoronaBusiness
Tras la llegada de la pandemia a El Salvador, el gobierno consideró necesario solicitar, a la Asamblea Legislativa, una Ley de Emergencia que se acompañara de la suspensión de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública (Lacap). Tras su aprobación, funcionarios del gobierno encontraron la oportunidad perfecta para que sus amigos y familiares se beneficiarán de las compras directas en medio de la pandemia. Entre algunos de esos casos está el de Jorge Aguilar, presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), quien le vendió al estado protectores faciales por un cuarto de millón de dólares. GatoEncerrado reveló que el ministro de Salud, Francisco Alabí, benefició a sus primos con la compra directa de botas de hule para personal médico, por un total de $225 mil. La compra fue hecha a una empresa familiar que se dedica a la venta de repuestos automovilísticos. Uno de esos primos del ministro también se benefició con el alquiler de una vivienda, que el Ministerio de Turismo arrendó supuestamente para instalar un centro de contención para personas en cuarentena obligatoria.
Política y transparencia
El domingo 9 de febrero de 2020 quedó marcado en la historia: el presidente de la República, Nayib Bukele, acompañado de militares y cuerpos de seguridad armados con fusiles, se tomaron la Asamblea Legislativa y el salón de sesiones plenarias conocido como el Salón Azul. Bukele, apoyado por su Consejo de Ministros, hizo una convocatoria inconstitucional y usurpó la silla del presidente del Órgano Legislativo para presionar a los diputados por la aprobación de un préstamo de $109 millones para el plan de seguridad. Después de orar, el presidente salió a decirle a sus seguidores que Dios le habló para decirle que tuviera paciencia. Con gestos propios de un autoritario, Bukele dijo que si los diputados no le aprobaban el préstamo en una semana, no se opondría a la insurrección o remoción de los legisladores.
A ocho meses de ganar el poder ejecutivo, el presidente de El Salvador chocó con el Legislativo. Se sentó en la silla presidencial del presidente de la Asamblea Legislativa, invadió con militares el palacio legislativo y llamó a una insurrección. Todo por un préstamo que los diputados aún no le aprueban.
El 9-F, las violaciones a derechos humanos durante la pandemia, el bloqueo a los archivos militares, la obstaculización a la Fiscalía General de la República (FGR) durante un allanamiento en el Ministerio de Salud, la falta de apoyo en la privación de libertad de empleados y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la negativa de cumplir las órdenes de una comisión legislativa, son ejemplos que han llevado a señalar el uso político que ha hecho el gobierno de Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y de la Policía Nacional Civil (PNC).
El fiscal general dijo que la Policía ha obstaculizado el trabajo de fiscales que estaban realizando un allanamiento en el Ministerio de Salud, donde hay indicios de corrupción por compras y contratos irregulares durante la pandemia por COVID-19.
En la resolución que declaró inconstitucional la convocatoria del 9-F, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también ordenó al ministro de Defensa, René Merino Monroy, y al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, no ejercer funciones ni actividades distintas a las que la Constitución les confiere, y extendió la orden a los cuerpos militares y policiales del país.
La Sala de lo Constitucional declaró que el Ejecutivo no puede ejercer presión sobre otro poder del Estado. También ordenó que el director de la Policía y el ministro de la Defensa cesen de cumplir órdenes que contradicen el orden establecido en la Constitución.
Leonor Arteaga, abogada salvadoreña de la Fundación para el Debido Proceso, consideró que este gobierno, con particular énfasis, ha ensalzado a las fuerzas armadas para tenerla como su aliada y mandar un mensaje que, a cualquiera que se aponga, la respuesta será el uso de la fuerza y no el respeto y diálogo.
El primer intento del gobierno del presidente Nayib Bukele por controlar el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) llegó en febrero cuando, tras una elección irregular, nombró comisionado propietario al ex director de comunicaciones del Ministerio de Gobernación, Juan Carlos Turcios, en representación del sector periodistas. Duró tres días en el cargo y terminó renunciando luego de ser apartado de cinco audiencias por posible conflicto de interés en casos vinculados a funcionarios del Ejecutivo. Junto a él, también, renunció su suplente Mauricio Fuentes, miembro de la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador (Aspies).
En una asamblea general en secreto, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República eligió el 1 de septiembre las nuevas ternas de comisionados al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), del sector de periodistas, e irrespetando el procedimiento establecido en el artículo en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su reglamento (REAIP) sobre los plazos, el número de organizaciones participantes, así como los principios de publicidad y máxima transparencia.
Esta misma asociación fue la vía para que siete meses después, en septiembre, Bukele nombrara comisionado propietario al exgerente de operaciones de Siget, Luis Javier Suárez, y de suplente a Gerardo Guerrero Larín, exempleado de la alcaldía de San Salvador. El proceso de elección volvió a incumplir los requisitos de la LAIP y del reglamento.
En representación del sector de periodistas, el presidente de la República Nayib Bukele nombró como comisionado propietario del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a Luis Javier Suárez Magaña, y como suplente a Gerardo José Guerrero Larín, por un periodo de seis años.
Estos dos comisionados y el nuevo presidente del IAIP, Ricardo Guerrero, votaron para revocar una resolución del mismo Instituto que ordenó entregar la versión pública de las adendas adjuntadas en la declaración patrimonial del presidente Bukele.
El presidente del IAIP, Ricardo Gómez Guerrero, y los comisionados Luis Javier Suárez y Gerardo José Guerrero Larín revocaron una resolución del mismo Instituto que ordenó entregar la versión pública de las adendas adjuntadas en la declaración patrimonial del presidente Bukele. El audio de la discusión de la sesión del pleno, revela que Suárez y Guerrero Larín aceptaron que no conocían el contenido de la resolución que revocaron pero se plegaron a la propuesta del presidente del IAIP y siguieron la línea de la CSJ de mantener en reserva la información. Los comisionados no quisieron pedir la opinión del equipo jurídico.
El presidente también puso como comisionada propietaria a Roxana Seledonia, ex precandidata a diputada en las elecciones internas de Nuevas Ideas. En sus primeras sesiones de pleno propuso que estas reuniones ya no se grabaran, una iniciativa que fue respaldada por Suárez y el presidente del IAIP.
El Instituto informó que la nueva comisionada se presentó, el 2 de diciembre, a las instalaciones del IAIP. Un día después, salió a luz que Soriano de Aguilar fue precandidata a diputada por el departamento de San Salvador en las elecciones internas de Nuevas Ideas.
En materia de transparencia, el gobierno de Bukele también manejó un discurso de que varios de sus funcionarios trabajan ad honorem. Eso es falso, GatoEncerrado y otros medios revelaron que sus funcionarios reciben varios miles de dólares como salario, ya que tienen asignadas otras plazas en el gobierno.
Algunos ministerios, viceministerios, secretarías y subsecretarías están a cargo de funcionarios en dobles cargos: uno que desempeñan ad honorem y otro por el que sí reciben salario. Mientras el presidente Nayib Bukele insiste en hacer uso del Portal de Transparencia para conocer de dónde provienen los sueldos, los registros sufren de imprecisiones que imposibilitan conocer a detalle la información.
El 27 de marzo, al inicio de la emergencia por la pandemia COVID-19, el presidente Bukele juramentó a Francisco Alabí como ministro de Salud, en sustitución de Ana Orellana Bendek, sin dar ninguna explicación. Alabí era el viceministro de operaciones de Salud y estuvo al frente de las primeras decisiones en el manejo de la pandemia. Orellana fue relegada desde la crisis del agua por mal olor y sabor. En medio de la crisis, el ISSS también sufrió cambios. En agosto, en menos de dos semanas, Mónica Ayala Guerrero pasó de haber sido nombrada como la Directora Nacional de Medicamentos (DNM) a estar a cargo de la dirección del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Ayala llegó a sustituir a Delmy Cañas de Zacarías, quien unas semanas más tarde fue enviada como embajadora del país en México.
La renuncia de la anterior directora del Seguro Social, Delmy Cañas de Zacarías, se ha dado en medio de la atención a la emergencia sanitaria por COVID-19. Las razones detrás de su renuncia como la de su predecesor no han sido divulgadas.
El exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, renunció el 27 de julio y en su lugar el presidente Bukele designó a Alejandro Zelaya, quien era viceministro de ingresos. El cargo de Zelaya pasó a Douglas Pablo Rodríguez Fuentes, quien solo estuvo unos meses, ya que en septiembre, lo nombró como presidente del Banco Central de Reserva (BCR), tras pedirle la renuncia a Nicolás Martínez por asistir a una comisión legislativa y revelar que el Gobierno tuvo más de $3,200 millones a su disposición para enfrentar la pandemia por COVID-19.
A pesar de no cumplir con la experiencia que exige la ley orgánica del BCR, será el responsable de regular el sistema financiero, brindar estadísticas y proyecciones macroeconómicas y gestionar las reservas de liquidez de la banca.
La Asamblea Legislativa aprobó dos decretos que permitieron al gobierno obtener deuda pública por $3,000 millones para financiar el gasto por la pandemia. El primero de esta serie de instrumentos, el decreto legislativo 608, creó un Comité de Fondos de Emergencia para vigilar el uso de un primer tramo de $2,000 millones; sin embargo, el Gobierno irrespetó las atribuciones de esta instancia y excluyó a sus representantes de la toma de decisiones y fiscalización de compras directas. De ahí, comenzó a entregar subsidios y paquetes solidarios sin rendir cuentas.
El sector privado y académico renunciaron al Comité supervisor de los $ 2,000 millones de deuda aprobados al Gobierno para enfrentar la emergencia por la COVID-19. La razón es la falta de transparencia de parte del Gobierno y la discrecionalidad para usar los fondos.
La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), junto a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Fusades) y la Escuela Superior de Economía y Negocios (Esen) decidieron renunciar a ese comité, por la falta de transparencia en el manejo de los fondos. El Gobierno acusó a las entidades de no querer someterse al control de la sección de Probidad de CSJ, lo que fue negado por todos los miembros del sector de sociedad civil.
El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, le pidió al asesor jurídico, Javier Argueta, hacer públicas las actas de las 10 reuniones que sostuvo el comité para que “la gente se de cuenta” de la verdad. El Gobierno, sin embargo, no publicó las actas en su página web y solo algunos medios de comunicación tuvieron acceso a siete actas. Todas se declararon inexistentes tras el incidente.
Funcionarios gubernamentales acusaron a los representantes del sector privado y académico del comité supervisor de no querer declarar su patrimonio y ofrecieron publicar las actas de las reuniones para demostrarlo. Dos meses después, Capres le dijo a GatoEncerrado que esas actas no existen, a pesar de que ha sido notorio y público que sí existen. Los miembros de ese comité aseguran que la declaración patrimonial nunca estuvo en discusión.
Cómo respuesta, la Asamblea reformó el decreto 608 el pasado 22 de junio, creando el comité de seguimiento y veeduría ciudadana, conformado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador, la Universidad de El Salvador (UES) y la Universidad Francisco Gavidia (UFG). La Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) también fue incluida, pero renunció un mes después.
Los empleados de diferentes municipalidades del país protagonizaron la más concurrida manifestación en contra del Gobierno de Bukele hasta la fecha. El 24 de septiembre de 2020, los alcaldes y sus trabajadores marcharon hacia el Ministerio de Hacienda para exigir el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes).
La Corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures), que representa a los 262 municipios del país, ha señalado que hay un retraso de siete meses en el pago de este fondo. Según la ley, un 75 % del Fodes se invierte en desarrollo social y obras públicas; y el 25 % restante en el pago de empleados públicos y servicios de las alcaldías.
Para algunas alcaldías, sin embargo, el impago del Fodes ya representa un paro técnico, pues los ingresos propios disminuyeron, según Comures, en más de un 60 % debido a la pandemia por COVID-19 y el paso de las tormentas Amanda y Cristóbal. Para algunos alcaldes, el impago del Fodes es una medida de presión de Hacienda para la aprobación de préstamos.
El 30 de septiembre, Zelaya fue increpado por el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral). La razón: el impago a los salarios de trabajadores legislativos, otra medida de presión para aprobar los préstamos que solicitó el gobierno durante la pandemia.
Los empleados de la CSJ también sufrieron retenciones de su salario por hasta cuatro días como represalia a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que obligaron al gobierno a repatriar a salvadoreños y decretar una ley de emergencia junto a la Asamblea Legislativa.
Hacienda retrasó la transferencia del presupuesto institucional de septiembre de la Asamblea Legislativa, bajo el argumento de que no tenía fondos por el impacto de pandemia por COVID-19. El presidente de la Asamblea Legislativa señaló que no se trató de falta de ingresos, sino de un plan del Ejecutivo por la posición política de la Asamblea.
El sábado 29 de agosto, un perturbador video se hizo viral en redes sociales. En este se veía a un herido y confundido diputado Arturo Magaña halando por el piso a un joven gravemente herido. El video se grabó minutos después de un accidente de tránsito, que habría sido provocado por Magaña, después de haber ignorado un semáforo en rojo.
El video generó escarnio y rechazo de la población; sin embargo, Magaña contaba con tres grados de privilegio que facilitaron el proceso en su contra: el privilegio de ser un diputado con fuero, el privilegio de provenir de una familia de renombre en Ahuachapán y el privilegio de ser un funcionario que cuenta con el beneplácito del gobierno.
El joven del video, identificado como Francisco Moya, falleció horas después en un hospital de la capital. Los agentes de la Policía llegaron con retraso a la escena del accidente, y ya no encontraron a Magaña. El diputado disidente de ARENA fue ubicado hasta por la tarde en un centro privado de Ahuachapán, administrado por su familia. Los policías que lo encontraron no le realizaron una prueba de alcotest.
Tampoco fue llevado a la Asamblea Legislativa, como había anunciado el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. Pese a la insistencia de la Fiscalía, Magaña no fue sometido a la prueba toxicológica sino hasta varios días después. El fiscal general, Raúl Melara, cuestionó la labor de la Policía en el caso. Señaló que los fiscales no recibieron el apoyo que normalmente la PNC debe dar para realizar diligencias.
También cuestionó las acciones del Juzgado Primero de Paz de Ahuachapán, después de que la jueza determinara que no podía ordenar que se le realizara la prueba toxicológica a Magaña por su fuero. El caso reavivó la discusión sobre los límites que debe tener el fuero constitucional en los casos en los que funcionarios cometen delitos ajenos a su labor.
Pese a que se llevó un largo proceso en la Asamblea para llegar al desafuero de Magaña, él ya había logrado una conciliación con las familias de las víctimas.
Tras haber protagonizado un accidente de tránsito, en el que falleció una persona, el diputado Arturo Magaña enfrentó una investigación y un proceso de antejuicio que estuvo plagado de irregularidades que favorecieron al legislador. En medio de todo, la Policía y el Juzgado de Paz de Ahuachapán mostraron falencias.
Militantes y candidatos del partido Nuevas Ideas encerraron por más de cinco horas a los cinco magistrados del TSE y a unos 100 empleados en la sede del organismo electoral, el lunes 30 de noviembre, para obligar al Tribunal a inscribir sus candidaturas para las elecciones del 28 de febrero de 2021. Entre las candidaturas, sin embargo, hay tránsfugas y contratistas del Estado, condiciones que impiden la inscripción para optar a un cargo público. La Fiscalía abrió una investigación tras lo ocurrido, mientras que la Policía no hizo nada para proteger a los magistrados y, en su lugar, se mantuvo solo expectante de lo que hicieron los miembros del partido del presidente Bukele.
El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que su partido Nuevas Ideas “es el único que es 100 % del pueblo salvadoreño”, pero quien lo dirige es su primo y los candidatos para las elecciones de 2021 son sus funcionarios, tránsfugas y excandidatos de los partidos que él llama “los mismos de siempre”, contratistas del Estado y empleados públicos.
Justiciómetro
Para mantener su estrategia, sacada de la improvisación y de decisiones sobre la marcha en el manejo de la pandemia, el presidente Nayib Bukele desafió a la Sala de lo Constitucional de la CSJ. De hecho, se burló de los magistrados y hasta los acusó de “genocidas” por oponerse a sus planes. Antes de la pandemia, el presidente también interpretó a su conveniencia la Constitución de la República y justificó así sus actos del 9-F.
Bukele prometió abrir los archivos militares de la “A” a la “Z”, relacionados con la masacre de El Mozote, pero cuando llegó el momento de mostrarlo, negó la entrada al juez de la causa y bloqueo los archivos militares, como todos los presidentes que lo precedieron. Luego dijo que iba a entregar lo que él mismo desclasificó y todo resultó ser copias que en el caso ya se conocían. Querellantes dijeron que si el presidente ha constatado que los archivos fueron “extraídos” en gobiernos anteriores, lo que tiene que hacer es acudir a la Fiscalía para que abra una investigación.
Este año hubo avances en el caso de los jesuitas asesinados en el campus de la UCA, en 1989., El 11 de septiembre de este año, la Audiencia Nacional de España condenó al coronel Inocente Orlando Montano por ser el autor intelectual de la masacre cuando era viceministro de Seguridad Pública, durante la presidencia de Alfredo Cristiani. Fue condenado a una pena de 26 años, 8 meses y 1 día de prisión.
Sentencia que reconoció que la masacre de los jesuitas de la UCA se perpetró desde un aparato estatal del más alto nivel. Defensores de derechos humanos insisten en que Fuerza Armada debe abrir sus archivos.
Los pactos con pandillas no son tema del pasado. En 2020, nuestros amigos del periódico El Faro revelaron que el gobierno de Nayib Bukele lleva un año negociando con la MS-13 a cambio de la disminución de homicidios en el país. Tras esta revelación, la Fiscalía abrió una investigación, que incluyó allanamientos en las oficinas de Centros Penales. Los pactos con pandillas del pasado también estuvieron presentes en los tribunales durante este año. David Munguía Payés, exministro de Seguridad del expresidente Mauricio Funes, fue capturado para que responda judicialmente por su participación en la tregua de 2012. Asimismo, el actual alcalde de San Salvador y candidato, Ernesto Muyshondt, enfrentó diligencias iniciales en su proceso judicial por pactar con pandillas a cambio de apoyo electoral en las elecciones presidenciales de 2014. Muyshondt no llegó solo a los tribunales, sino con su propio comité de aplausos.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, está al frente de un equipo que estudia la Constitución para reformarla. Los constitucionales consultados por GatoEncerrado coinciden en que la Constitución debe estudiarse y hasta plantearse reformarla en algunos aspectos que ya quedaron obsoletos. No obstante, también coinciden en que este gobierno ha dado muestras de que no es el más indicado para proponer reformas, debido a su corte autoritario y el interés por concentrar el poder. El 18 de octubre, el vicepresidente Ulloa, de hecho, confirmó que uno de los temas en debate es el periodo que un presidente debe esperar para buscar la reelección inmediata.
Félix Ulloa presentó al Equipo Ad Hoc de cinco abogados que emprenderán el estudio de reformas a la Constitución, bajo un contexto en el que se cuestiona al Ejecutivo por mantener un conflicto con el Órgano Legislativo y el Judicial y de irrespetar las leyes y resoluciones judiciales.
Bukele utilizó la mayor del tiempo de sus conferencias de prensa y cadenas nacionales de radio y televisión para difundir una narrativa de héroes y villanos, donde él es el héroe y todos los que le critican son villanos que tienen una campaña contra el pueblo salvadoreño. Entre esos están los periodistas y también los académicos y defensores de la transparencia y derechos humanos. Lo ocurrido este año no quedó solo en campañas de desprestigio, también hubo robos de computadoras de periodistas, persecuciones en vehículo, intervención de celulares y amenazas.
En una cadena nacional, con la particularidad de presencia de la prensa, el mandatario salvadoreño juramentó a nuevos funcionarios, mostró los archivos que él dice son los únicos relacionados al caso El Mozote —y a los que no tuvo acceso el juez— y aprovechó para arremeter contra “el periodismo incómodo”, como él mismo le llama.
